La diputada federal Anita González fijó la postura del Grupo Parlamentario del PRI para rechazar el carácter obligatorio de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. La representación parlamentaria precisó que, si bien el desarrollo tecnológico es un elemento deseable para la modernización del país, la imposición legal de sistemas de cobro y trámite exclusivamente digitales resulta inviable mientras persistan desigualdades estructurales en la conectividad nacional.
Al hacer uso de la tribuna durante el debate del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la diputada Anita González enfatizó la necesidad de condicionar cualquier transición digital a la inversión previa en infraestructura de telecomunicaciones, capacitación ciudadana y esquemas de protección de datos. «Aplaudimos la digitalización, pero no de manera obligatoria. Enseñemos a la ciudadanía a cómo lo tiene que utilizar, que se haga la inversión necesaria para que cada rincón del país tenga internet y, por supuesto, también hay que invertirle a la ciberseguridad», sentenció ante el pleno.
Brechas regionales y vulnerabilidad en adultos mayores
La postura presentada por la legisladora del tricolor argumentó que decretar la obligatoriedad de los medios de pago electrónicos desatiende la realidad social de diversas entidades del país. La diputada refutó los posicionamientos del oficialismo que dan por sentada una cobertura universal, señalando que en comunidades rurales de estados como Nuevo León y Puebla la población aún carece de acceso estable y continuo a redes de internet y telefonía móvil.
Asimismo, la intervención parlamentaria hizo especial énfasis en las barreras operativas que enfrenta la población de la tercera edad ante la sustitución de trámites presenciales por plataformas informáticas. La diputada Anita González advirtió que exigir el uso habitual de correo electrónico, aplicaciones bancarias y autenticación remota sin una estrategia integral de alfabetización digital expone a los adultos mayores a la exclusión institucional y financiera.
Exigencia de presupuesto para ciberseguridad
Otro de los ejes vertidos en la discusión se centró en la vulnerabilidad de los usuarios ante el incremento de los delitos cibernéticos y las estafas en línea. La representante parlamentaria argumentó que la aprobación de normativas en materia de comercio e inclusión financiera debe estar acompañada por asignaciones específicas en el Presupuesto de Egresos de la Federación destinadas a blindar las operaciones de los contribuyentes y prevenir el fraude electrónico.
Al señalar que los propios integrantes del Poder Legislativo y sus equipos de trabajo han sido blanco de vulneraciones digitales, la legisladora llamó a las bancadas de la mayoría a adecuar la legislación a las capacidades técnicas reales de la ciudadanía. La diputada concluyó que la función de la representación popular exige atender las demandas prioritarias de la población por encima de mandatos administrativos de adopción digital forzosa.
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