La diputada federal Fuensanta Guerrero presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa destinada a prevenir la incidencia de la violencia político-criminal de cara al Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 en Zacatecas. El proyecto plantea establecer un marco de protección preventiva para candidaturas, dirigencias partidistas y funcionariado electoral desde el inicio formal del periodo comicial.
La propuesta contempla la implementación obligatoria de una Estrategia Estatal de Seguridad articulada entre el gobierno federal y el Poder Ejecutivo local. A través de este mecanismo, la legisladora zacatecana busca anticipar escenarios de riesgo mediante la elaboración de un mapa de riesgo electoral municipal y seccional con actualización periódica.
El planteamiento incluye medidas de resguardo para las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), abarcando sus consejos distritales y municipales, bodegas electorales y rutas de traslado de documentación. Asimismo, contempla un despliegue reforzado de las corporaciones de seguridad en zonas limítrofes y demarcaciones con mayor incidencia delictiva.
Mesa de Seguridad Electoral
Como eje operativo central, la iniciativa de Fuensanta Guerrero establece la obligación del IEEZ de instalar una Mesa de Seguridad Electoral permanente. Este órgano colegiado integrará a fuerzas de seguridad federales y estatales, fiscalías, autoridades electorales, gobiernos municipales, partidos políticos y candidaturas independientes bajo un esquema de sesiones ordinarias mensuales.
Para sustentar la intervención legislativa, la propuesta recupera registros del Laboratorio Electoral e Integralia Consultores, firmas que documentaron agresiones, atentados y homicidios contra aspirantes durante el proceso comicial 2023-2024. La secretaria de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura Federal argumentó que la entidad no puede concurrir al proceso de 2027 bajo el mismo esquema de contención utilizado en años previos.
Adicionalmente, el documento fija rutas institucionales orientadas a la prevención, investigación y sanción de los delitos electorales, con énfasis en la atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género. La meta legal reside en garantizar el libre ejercicio del voto y la contienda democrática en condiciones de imparcialidad y certeza jurídica.
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