El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ratificó que la protección, respeto y garantía de los derechos humanos constituye una obligación constitucional ineludible para toda autoridad y un presupuesto básico para el funcionamiento del régimen democrático en la entidad.
Durante la develación de la placa conmemorativa por el 33 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP), el titular del Poder Ejecutivo estatal aseveró que las instituciones públicas deben encauzar su actuación bajo el principio de legalidad, con el fin de evitar que el mandato plasmado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se convierta en una disposición formal sin aplicación práctica.
El mandatario expuso que el Plan Estatal de Desarrollo, formulado con una proyección hacia el año 2030, integra como eje conceptual la Bioética Social, alineada a la doctrina del Humanismo Mexicano impulsada a nivel federal por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Explicó que esta directriz busca articular la acción de gobierno a través de tres pilares operativos: seguridad, justicia y riqueza comunitaria.
En su mensaje, Armenta Mier abordó el papel que juegan las resoluciones del organismo autónomo en la gestión pública local, al sostener que las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla no deben interpretarse como un obstáculo, sino como instrumentos técnicos de evaluación que permiten corregir procesos e institucionalizar mejoras en el desempeño de los servidores públicos.
Por su parte, la presidenta de la CDHP, Rosa Isela Sánchez Soya, subrayó que la función sustantiva del organismo constitucional autónomo estriba en fungir como un mecanismo institucional de mediación entre la ciudadanía y las autoridades, con el propósito de mitigar las asimetrías de poder y asegurar que la actuación pública mantenga como premisa el respeto a la dignidad humana.
La titular de la CDHP recordó que el organismo local inició sus operaciones el 6 de septiembre de 1993, derivado del proceso de descentralización y creación de los órganos de protección de derechos fundamentales a nivel estatal tras la constitución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 1990, por lo que la conmemoración de este año marca más de tres décadas de labor fiscalizadora en la entidad.
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