El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para endurecer las sanciones aplicables al delito de fraude cuando sea ejecutado a través de medios electrónicos, informáticos o digitales y afecte directamente a personas adultas mayores.
La propuesta, impulsada por el diputado federal Emilio Suárez Licona, contempla la adición del artículo 386 Bis a dicho cuerpo normativo. La modificación plantea un incremento de hasta una tercera parte —tanto en su límite mínimo como en el máximo— en las penas previstas para este ilícito cuando la víctima sea una persona de 60 años o más, con el objetivo de establecer una protección reforzada a su estabilidad patrimonial.
Durante su intervención en la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador priista alertó que aproximadamente el 33 por ciento de las personas adultas mayores en México ha sido víctima de alguna modalidad de engaño financiero digital. Sostuvo que este fenómeno representa un impacto crítico sobre ingresos fijos, pensiones o ahorros acumulados a lo largo de la vida productiva de los afectados.
Suárez Licona refirió que la población de 60 años y más equivale al 12.8 por ciento del total nacional. No obstante, datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señalan que siete de cada diez fraudes financieros en el país se cometen actualmente mediante canales digitales, registrando una sobrerepresentación de afectaciones en este sector demográfico.
Vulnerabilidad y métodos de engaño
El congresista detalló que las estructuras delictivas utilizan técnicas de ingeniería social como llamadas que alertan sobre cargos no reconocidos, notificaciones de accesos no autorizados a cuentas bancarias y ofertas falsas de bonificaciones. Estos esquemas buscan inducir al error para obtener credenciales de acceso, claves de seguridad y datos personales.
El representante parlamentario fundamentó la necesidad de la reforma en la dificultad estructural que enfrentan las personas adultas mayores para reincorporarse al mercado laboral y recuperar el capital sustraído, lo que intensifica la severidad del daño patrimonial y la vulnerabilidad del sector.
Incidencia delictiva e impacto económico
Para contextualizar la dimensión de la problemática, la iniciativa cita los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, la cual documentó que el fraude alcanzó una tasa de 7 mil 574 víctimas por cada 100 mil habitantes, consolidándose como uno de los delitos de mayor frecuencia en la geografía nacional.
Asimismo, la propuesta legislativa destaca que durante el primer semestre de 2025 la CONDUSEF contabilizó más de 3.82 millones de reclamaciones por posibles fraudes financieros en el sistema bancario, con un impacto económico estimado en 16 mil 678 millones de pesos, de los cuales una tercera parte de las quejas correspondió a usuarios de la tercera edad.
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