Durante la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, el diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, en representación del Grupo Parlamentario del PRI, cuestionó las proyecciones del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027. El legislador señaló que el déficit público pasará de 556 mil 600 millones de pesos a una estimación de 1 billón 358 mil 558 millones de pesos para el próximo año.
En su intervención en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sánchez Sánchez afirmó que el 55 por ciento de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad con un ingreso promedio mensual de 7 mil pesos. Asimismo, expuso que el endeudamiento previsto de 1 billón 700 mil millones de pesos para 2027 llevará el saldo total de la deuda pública a 22 billones de pesos, lo que representa más de 150 mil pesos por habitante.
Asignación a sectores y rubros presupuestales
El diputado priista señaló reducciones acumuladas en el presupuesto del sector primario, indicando que el Ramo 8 destinado al campo cuenta con una propuesta de 88 mil millones de pesos para 2027, frente a los 109 mil millones registrados en 2018. Respecto al gasto de capital y turismo, detalló caídas en términos reales del 73.4% y 67% entre 2018 y 2026, respectivamente.
En materia del costo financiero de la deuda, el legislador expuso que en el proyecto presupuestal se contempla el pago de 1.55 pesos de interés por cada peso asignado a los rubros de educación y salud.
Recursos judiciales y esquema federalista
Sánchez Sánchez contrapuso las asignaciones propuestas para el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR). Precisó que el presupuesto proyectado asigna 72 mil millones de pesos al Poder Judicial y 20 mil millones de pesos a la FGR para 2027, cifras que contrapuso con la propuesta del PRI de destinar 103 mil millones y 31 mil millones de pesos a dichas instituciones, respectivamente.
Finalmente, el representante parlamentario denunció la eliminación acumulada de más de 2 billones de pesos en programas presupuestarios destinados a estados y municipios entre 2018 y 2027, afectando fondos para infraestructura, seguridad local, carreteras y proyectos de desarrollo regional.
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