El diputado federal Rubén Moreira Valdez advirtió sobre un incremento sostenido en los despojos de viviendas dentro de la Ciudad de México, y exigió a las autoridades capitalinas garantizar el respeto a la propiedad privada frente a la ocupación ilegal de inmuebles particulares.
Durante la emisión del programa oficial “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador detalló que alcaldías como Benito Juárez y Cuajimalpa registran un modus operandi donde personas ajenas cambian las cerraduras de domicilios temporalmente desocupados, apoyándose en la exhibición de documentación apócrifa para acreditar la posesión.
El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro señaló que el avance de estos grupos delictivos se sostiene en la omisión y permisividad de las instituciones responsables de la procuración de justicia y seguridad, situación que deja a los propietarios expuestos a amenazas directas al intentar recuperar sus bienes.
Vulnerabilidad financiera
El fenómeno delictivo converge con indicadores macroeconómicos de riesgo. El economista Mario Di Costanzo explicó que los reportes de la calificadora Moody’s evidencian un sobreendeudamiento estructural en los hogares, donde la cartera vencida en créditos de vivienda de interés social registra el mayor crecimiento a nivel nacional, superado únicamente por el impago en tarjetas de crédito.
La pérdida de empleo y la posterior comercialización secundaria de carteras vencidas propician esquemas de irregularidad que facilitan el despojo. Di Costanzo advirtió que la continuidad de esta tendencia económica podría encender focos rojos para los deudores hipotecarios, replicando condiciones de vulnerabilidad similares a las registradas durante la crisis financiera de mediados de la década de 1990.
Impacto demográfico
En el análisis de las repercusiones legales, el abogado Miguel Ángel Sulub precisó que los adultos mayores conforman el sector demográfico más vulnerado por estas ocupaciones ilegales, debido a que enfrentan mayores obstáculos procedimentales y físicos para emprender la defensa de su patrimonio ante tribunales.
Los especialistas concluyeron que la restitución operativa del Estado de Derecho en la capital del país requiere mecanismos de recuperación de inmuebles más ágiles por parte de la fiscalía local, así como una intervención institucional preventiva ante la escalada de ocupaciones irregulares documentadas en los últimos meses.
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