El coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar a las autoridades federales y estatales a esclarecer el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Veracruz.
El documento legislativo solicita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ejecutar las diligencias necesarias contra los autores materiales e intelectuales. La propuesta requiere que la dependencia rinda informes periódicos de los avances bajo un estricto respeto al debido proceso.
Roxana Guzmán, fundadora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad el 2 de junio de 2026 en Nanchital. Las investigaciones sobre la posterior localización de sus restos derivaron en la detención de presuntos miembros de una organización criminal y de cuatro policías municipales por su probable participación.
Frente a este escenario, el legislador requirió a la Secretaría de Gobernación robustecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La petición enfatiza la urgencia de mejorar los sistemas de alerta temprana y la evaluación de riesgos en entidades de alta incidencia.
Crisis de letalidad en Veracruz
La exposición de motivos de la iniciativa argumenta un patrón estructural de violencia contra la prensa. De acuerdo con datos de la organización Artículo 19 citados en el documento, se han registrado 177 periodistas asesinados en México desde el año 2000, de los cuales 33 ocurrieron en Veracruz, posicionándolo como el estado de mayor letalidad.
A nivel internacional, el indicador de Reporteros Sin Fronteras sitúa a México en el lugar 124 de 180 naciones dentro de su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026. A la estadística nacional se sumó recientemente el homicidio del comunicador Luis Ángel López Valdez en Poza Rica.
El exhorto concluye demandando al Gobierno de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado garantizar que las indagatorias se desarrollen con perspectiva de libertad de expresión y debida diligencia, priorizando la exhaustividad e independencia operativa para evitar la repetición de estos delitos.
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