La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, respaldó la activación de mecanismos jurídicos internacionales por parte del Ejecutivo federal tras la muerte de 17 connacionales bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El posicionamiento legislativo surge tras una serie de incidentes fatales registrados este mes, incluyendo el deceso del mexicano Lorenzo Salgado el 7 de julio y de otro connacional atropellado en Florida el 14 de julio mientras intentaba evadir un operativo migratorio. En este contexto, la legisladora reconoció la reciente decisión del ICE de suspender temporalmente sus controles de tránsito, calificándola como un paso para disminuir riesgos.
La diputada confirmó que el Estado mexicano impulsará solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nuevos requerimientos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta estrategia diplomática instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo operará de manera paralela a la asistencia consular para las víctimas.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores referidas por la representante legislativa, durante el periodo 2025-2026 han fallecido 58 personas de distintas nacionalidades bajo custodia o durante operativos migratorios estadounidenses. De este universo, 17 víctimas mortales son de origen mexicano; 14 perecieron en instalaciones de confinamiento y tres durante acciones directas de aseguramiento.
Además de las gestiones a nivel diplomático interestatal, las autoridades mexicanas preparan acciones civiles dirigidas específicamente contra las empresas operadoras de centros de detención. Las corporaciones privadas enfrentarán posibles procesos por la operatividad de las instalaciones y el impulso simultáneo de denuncias penales ante autoridades estadounidenses.
Jiménez Godoy subrayó la obligatoriedad del cumplimiento de instrumentos vigentes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Añadió que la movilidad y el debido proceso deben apegarse a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
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