Familiares de las víctimas de la masacre ocurrida en Sonora en 2019 solicitaron al juez estadounidense Brian Cogan ordenar al gobierno de ese país la entrega de información referente a los activos financieros y bienes inmuebles pertenecientes a Ismael «El Mayo» Zambada, líder y cofundador del Cártel de Sinaloa.
La petición formal fue presentada mediante una carta de cinco páginas radicada ante la Corte del Distrito Este por el abogado penalista John M. Eubanks, integrante del despacho Motley Rice. La iniciativa legal tiene como objetivo impedir que los recursos económicos decomisados al procesado queden bajo el control exclusivo del gobierno de Estados Unidos, buscando que las víctimas de actos catalogados como terrorismo puedan utilizarlos para la cobertura de indemnizaciones.
Fundamentos legales y antecedentes del caso
La defensa de las familias solicitó al magistrado preservar el derecho de los demandantes a reclamar dichos fondos con base en los lineamientos establecidos por la Ley de Seguro contra Riesgos de Terrorismo (TRIA, por sus siglas en inglés).
A pesar de que el ataque armado en territorio sonorense fue adjudicado formalmente a la organización delictiva Cártel de Juárez, el documento expone que se presume que Zambada facilitó asistencia material, consistente en armamento y elementos operativos, empleados durante la emboscada contra los civiles. Los promoventes cuentan con el antecedente del juicio civil denominado Miller v. Juárez Cartel, resuelto a su favor y registrado formalmente ante la sede judicial en septiembre de 2023.
Postura ante la declaración financiera
El representante jurídico sustentó el requerimiento señalando que las normativas del Congreso estadounidense estipulan que los activos bloqueados a entidades terroristas, agencias o instrumentos relacionados, están sujetos a mecanismos de embargo o ejecución para resarcir daños compensatorios. La carta externa preocupación ante las versiones gubernamentales previas que apuntaban a una ausencia de activos identificados vinculados al procesado.
De acuerdo con las cláusulas fijadas en los procedimientos judiciales, Zambada mantiene la obligación legal de entregar una declaración financiera completa y veraz en un plazo de 60 días previos al dictado de su sentencia definitiva, la cual se encuentra programada para el próximo 20 de julio.
Ante esta previsión, los peticionarios requirieron a la autoridad judicial la emisión de una orden preliminar de decomiso que les faculte el acceso limitado a los estados financieros presentados, obligando de igual manera a los fiscales federales a notificar al núcleo familiar sobre cualquier bien material o cuenta monetaria que sea asegurada durante las etapas del juicio.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.