El gobierno de Oaxaca se sumó a las exigencias institucionales para demandar justicia tras la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, derivado de incidentes relacionados con operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, respaldó formalmente las medidas diplomáticas anunciadas por el Ejecutivo federal, comprometiendo el acompañamiento estatal a los familiares de las víctimas originarias de una entidad caracterizada históricamente por la expulsión y tránsito de personas.
Para el esclarecimiento de los hechos, el Estado mexicano solicitó formalmente la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sumado a la emisión de 11 notas diplomáticas de protesta ante la administración estadounidense.
El despliegue jurídico del gobierno federal contempla requerir el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer denuncias internacionales, así como el inicio de acciones civiles dirigidas contra las empresas privadas responsables de operar los centros de detención migratoria.
Impacto de políticas fronterizas
En el contexto de la actual crisis bilateral, la Subsecretaría de Población y Migración de Oaxaca documentó el impacto de la política fronteriza estadounidense, registrando la repatriación de cinco mil 379 oaxaqueños durante los últimos seis meses.
El titular de la dependencia, Leonardo Díaz, precisó que cuatro mil 793 de los ciudadanos deportados son hombres. De acuerdo con los registros estatales, el 85 por ciento de esta población opta por radicar en entidades fronterizas como Tamaulipas, Baja California y Sonora para integrarse a los sectores agrícola y pecuario.
Este volumen de retornos ubica a Oaxaca entre las 10 entidades con mayor incidencia de deportaciones a nivel nacional, reportando una disminución del 10 por ciento en comparación con las cifras documentadas durante el ejercicio fiscal 2025.
Pese a las políticas de contención, el flujo de divisas mantiene su relevancia estructural para la entidad. Durante el primer trimestre del año, los ingresos por remesas alcanzaron los 921 millones de dólares, concentrándose el 15 por ciento de estos recursos financieros en la capital del estado y distribuyéndose el resto en municipios como Huajuapan, Tlacolula y Miahuatlán.
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