La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado este jueves al Gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo ilegal de armamento hacia territorio mexicano. Durante su intervención, la mandataria afirmó que la mayoría de los artefactos que alimentan la violencia en el país provienen de la nación vecina, donde son fabricados.
Proporción del armamento y compromisos bilaterales
En el marco del programa de canje “Sí al desarme, sí a la paz”, celebrado en la Basílica de Guadalupe, Sheinbaum Pardo expuso que las armas no se producen en México. «Por eso seguiremos insistiendo con firmeza y con respeto en la necesidad de detener el tráfico ilegal de armas», puntualizó la ejecutiva federal.
La mandataria vinculó las acciones de control fronterizo con la corresponsabilidad de ambos gobiernos frente al crimen organizado. «Así como México trabaja todos los días para evitar la llegada de drogas a nuestro vecino país, también es indispensable que se detenga el flujo de armas que alimenta la violencia», sostuvo, tras detallar que el 75% de las armas incautadas o entregadas en México tienen su origen en los Estados Unidos.
Cifras de decomisos y canje ciudadano
De acuerdo con el balance presentado por la administración federal, durante la gestión actual se han recolectado alrededor de 11 mil armas por medio de los esquemas de entrega voluntaria y canje ciudadano. Al sumar los decomisos logrados en operativos de las fuerzas federales, se ha alcanzado un total de 40 mil armas retiradas de circulación.
Respecto a las operaciones de seguridad en el territorio, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que más de 28 mil armas han sido decomisadas específicamente bajo la estrategia nacional de seguridad pública por las distintas instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.
Ante esta problemática, el Gobierno de México ha promovido diversos procesos legales en tribunales de Estados Unidos contra empresas armadoras y distribuidoras comerciales. Aunque algunas de estas demandas ya han sido desestimadas por las cortes estadounidenses, la postura oficial mexicana insiste ante Washington en que el combate a las organizaciones criminales requiere un control más estricto del mercado de armas que fluye desde el norte hacia el sur del continente.
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