El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, advirtió sobre una presunta estrategia del gobierno federal para aplicar gravámenes a las Afores, herencias e indemnizaciones de la clase trabajadora como respuesta a una crisis en las finanzas públicas.
Durante una entrevista en el Senado de la República, el líder parlamentario señaló que recientes declaraciones de la ministra Lenia Batres exponen el interés oficialista por gravar el patrimonio popular. Esta ruta legal, apuntó, partiría del argumento de catalogar dichos recursos como riqueza no merecida para buscar la mitigación del déficit gubernamental.
El legislador relacionó la crisis recaudatoria del país con dinámicas de permisividad institucional en el sector energético. Al respecto, citó estimaciones que indican que el huachicol fiscal concentra actualmente el 30 por ciento del combustible consumido en el país, lo que deja a casi una tercera parte del mercado operando al margen de las obligaciones tributarias.
Omisiones en seguridad y justicia
En paralelo a las advertencias económicas, el coordinador priista centró sus críticas en la política federal de seguridad, la cual calificó en la práctica como una instrucción sistemática de impunidad. Aseguró que la administración protege a perfiles oficialistas, situación que ha deteriorado la relación con Estados Unidos frente a la crisis sanitaria por el tráfico de fentanilo.
Bajo este contexto, exigió la comparecencia ante el Poder Legislativo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador Inzunza. El objetivo formal del llamado sería que ambos funcionarios rindan cuentas de forma pública ante los cuestionamientos sobre presuntos vínculos institucionales con el crimen organizado.
En lo relativo al ejercicio periodístico, el diputado condenó la inacción de las autoridades estatales en Veracruz tras el asesinato de la comunicadora Roxana. Subrayó que desde el partido mayoritario se alientan de manera tácita las agresiones contra la prensa a través del silencio y la falta de procuración de justicia.
Finalmente, Moreira Valdez cuestionó las implicaciones de los recientes resultados electorales en la configuración del Poder Legislativo. Argumentó que, si bien los partidos de oposición en su conjunto concentraron el 46 por ciento de los votos, la fórmula oficialista proyecta asegurar una sobrerrepresentación equivalente al 75 por ciento de las curules disponibles.
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