Por: Redacción | 8 de julio de 2026, 6:03 pm CST

El paciente llega con un dolor abdominal agudo. Sabe que en su clínica de adscripción pública el tiempo de espera promedia los 79 minutos, así que opta por pagar 80 pesos en un consultorio de farmacia. El médico, presionado por cuotas de venta, le receta un analgésico que enmascara los síntomas. Setenta y dos horas después, el paciente ingresa por urgencias al Hospital General Gustavo Baz Prada, en Nezahualcóyotl, con una peritonitis severa y un requerimiento de insumos que la institución ya no puede proveer.

Esta trayectoria clínica no es una anomalía, sino el estándar de atención contemporáneo en México. A pesar de que el 63% de la población cuenta con afiliación teórica a alguna institución pública de salud, seis de cada diez personas que buscan atención terminan pagando de sus propios recursos. Es la paradoja de un sistema que promete cobertura universal mientras expulsa a sus usuarios hacia el mercado privado no regulado.

Derrumbe del financiamiento público

La crisis actual tiene un origen presupuestal e institucional trazable. Históricamente, el Estado mexicano ha invertido menos del 3% de su Producto Interno Bruto en salud, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Para 2026, las proyecciones oficiales ubican este rubro en apenas un 2.6% del PIB, una contracción que contrasta con el 7.2% de Colombia o el 6.8% de Costa Rica.

A la asfixia financiera se sumó la inestabilidad de las reglas de operación. La cancelación del Seguro Popular dio paso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), un modelo centralizado que operó sin anclaje presupuestal definido antes de ser desmantelado para trasladar sus responsabilidades al IMSS-Bienestar. En este lapso de rediseño administrativo, la carencia de acceso a servicios de salud se disparó del 16.2% en 2018 al 39.1% en 2022.

Los datos más recientes del INEGI documentan que 44.5 millones de personas viven hoy sin acceso formal a instituciones de salud. La política pública de gratuidad total en el discurso chocó con recortes históricos de hasta 10.5% real en la compra pública de medicamentos, obligando a los derechohabientes formales a buscar en la iniciativa privada lo que el Estado dejó de suministrar.

Radiografía del gasto familiar

La consecuencia inmediata del repliegue institucional fue la explosión del gasto de bolsillo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, el promedio nacional de este desembolso alcanzó los 6,421 pesos anuales por hogar, un incremento del 7.9% real respecto a 2022 y del 41% acumulado en el sexenio.

Este impuesto regresivo a la enfermedad golpea con mayor brutalidad a quienes menos tienen. Mientras el decil más rico de la población (decil X) vio aumentar su gasto médico en apenas 1.8%, los hogares de los deciles I al IV sufrieron incrementos que oscilan entre el 17% y el 23%. En las familias más pobres, surtir una receta puede consumir hasta la mitad de su desembolso total en salud.

El encarecimiento no es uniforme en el territorio nacional. Entidades como Ciudad de México, Zacatecas y Querétaro registran promedios anuales superiores a los 9,600 pesos por hogar, evidenciando que la derechohabiencia formal en zonas urbanas no blinda a los pacientes contra el desabasto. Las estrategias gubernamentales para mitigar el impacto, como la «Megafarmacia del Bienestar», no han modificado la tendencia de encarecimiento sostenido.

Auge del consultorio adyacente

Ante el vacío público, el mercado encontró su nicho definitivo. Los Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF), que comenzaron a proliferar tras la exigencia de receta médica para antibióticos en 2010, se han convertido en la verdadera red de atención primaria del país. Hoy operan cerca de 18,000 unidades que despachan 10 millones de consultas mensuales.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) revela una fractura estructural: aunque la búsqueda de atención médica subió del 69% al 90% en la última década, la capacidad resolutiva del sector público se estancó en el 46%. El 90% de los pacientes que eligen un consultorio de farmacia lo hacen por barreras de acceso en sus clínicas públicas, buscando inmediatez, cercanía y la ausencia de trámites burocráticos.

Durante la pandemia de COVID-19, estos espacios operaron como la primera línea de contención. Hasta el 23% de los pacientes con síntomas respiratorios acudieron primero a un mostrador de farmacia, donde accedieron a pruebas rápidas por 350 pesos, una fracción del costo en laboratorios privados convencionales.

Negocio detrás del mostrador

El modelo económico de esta red privada se basa en el volumen y el subsidio cruzado. La consulta, que oscila entre la gratuidad y los 80 pesos, funciona como un ancla comercial para asegurar la venta de medicamentos. Esta estructura genera un riesgo documentado de «prescripción inducida», donde el médico receta suplementos innecesarios o fármacos próximos a caducar impulsado por incentivos corporativos.

La viabilidad del esquema descansa también sobre la precarización laboral del personal médico. Los doctores de estas cadenas perciben ingresos base que rondan los 5,500 pesos mensuales, sin prestaciones de ley ni posibilidades de residencia médica, muy por debajo de los tabuladores en clínicas independientes.

La regulación sanitaria actual (NOM-005, NOM-016 y NOM-004) exige separación física entre la farmacia y el consultorio, aviso de funcionamiento y expediente clínico. Sin embargo, ninguna autoridad audita la pertinencia diagnóstica de las recetas emitidas, dejando la calidad clínica al arbitrio de la cuota de ventas.

Abismo clínico y ruina familiar

El verdadero colapso ocurre cuando la enfermedad supera la capacidad del mostrador. El paciente que inició su trayecto en la vía privada no cuenta con una red institucional de referencia. Ante una emergencia obstétrica o quirúrgica, la familia debe costear traslados en ambulancias particulares y enfrentarse a la saturación del sistema público de urgencias.

Hospitales mexiquenses como La Perla, Las Américas o el Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz enfrentan este embudo final, absorbiendo pacientes complicados en medio de paros laborales por falta de insumos básicos. Cuando el sistema público cierra sus puertas, el paciente se enfrenta al gasto catastrófico, definido técnicamente como el desembolso que supera el 30% de la capacidad de pago del hogar.

Entre 2018 y 2024, los hogares mexicanos en situación de gasto catastrófico pasaron de 677,000 a más de 1.11 millones. En el terreno de la alta especialidad, como la oncología, el panorama es desolador. La transferencia de 157 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) hacia la Tesorería de la Federación dejó sin cobertura financiera miles de tratamientos de cáncer, forzando a familias sin seguro de gastos médicos mayores a financiar ciclos privados que superan el medio millón de pesos. ¿Es sostenible un sistema que empuja a sus ciudadanos a elegir entre la quiebra financiera o la muerte por falta de tratamiento?