La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el piloto que trasladó a Ismael «El Mayo» Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 ya fue plenamente identificado mediante peritajes especializados. La dependencia reveló que el individuo fue deportado inicialmente a México, donde continuó delinquiendo hasta ser detenido por portación de arma de fuego, para posteriormente ser entregado al gobierno estadounidense bajo el amparo de la Ley de Seguridad Nacional.
Captura, entrega y reserva de identidad
A pesar de la importancia del piloto en la operación que derivó en la captura de los líderes del Cártel de Sinaloa, las autoridades mantienen su identidad bajo reserva. De acuerdo con los informes oficiales, el sujeto permanece actualmente bajo la custodia de agencias de seguridad de Estados Unidos.
El funcionario de la FGR, David Boone, detalló la situación del operador aéreo dentro de las indagatorias. «El piloto fue deportado, siguió operando cometiendo delitos en México; es la información que consta. Fue detenido por portación de arma y fue entregado, con base en la Ley de Seguridad Nacional, al gobierno de Estados Unidos. Es la situación que consta en el expediente con respecto al piloto», precisó. Boone no especificó si la fiscalía mexicana logró interrogarlo antes de su entrega para esclarecer la participación de agentes extranjeros en territorio nacional.
Pruebas de audio y restricciones del FBI
La identificación del tripulante se logró luego de que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) facilitara a la FGR las grabaciones de voz entre la aeronave y la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua. En dichos registros periciales se escucha al piloto solicitar el código transponder requerido para ingresar formalmente al espacio aéreo de Estados Unidos.
Por otra parte, la FGR denunció que durante una diligencia realizada en agosto de 2024 en las oficinas del FBI en El Paso, Texas, y en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, el gobierno estadounidense limitó el acceso a los indicios. La fiscalía acusó que las agencias norteamericanas impidieron la toma de fotografías del avión, bloquearon la realización de peritajes y se negaron a proporcionar los datos del piloto, argumentando en aquel momento únicamente que el operador había solicitado su deportación inmediata a México.
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