El coordinador parlamentario del PRI de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar a cuatro dependencias federales a fortalecer las estrategias contra el reclutamiento y utilización de infantes por organizaciones criminales.
La propuesta se fundamenta en un análisis estadístico de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), el cual documenta que hasta 250 mil menores se encuentran en riesgo inminente de ser cooptados por grupos delictivos en el país.
El documento turnado al pleno solicita específicamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la implementación de acciones de prevención social de las violencias y del delito dirigidas a poblaciones que habitan en zonas con altos niveles de vulnerabilidad y presencia de estructuras criminales.
Nuevas vías de captación
La exposición de motivos del dictamen advierte sobre la evolución de los mecanismos de reclutamiento mediante el uso de plataformas digitales. Las organizaciones delictivas utilizan redes sociales para contactar a adolescentes a través de ofertas laborales fraudulentas y esquemas de manipulación psicológica.
En el ámbito educativo y de asistencia, el legislador requirió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) reforzar los programas de retención escolar para evitar la deserción. Simultáneamente, convocó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a desplegar mecanismos de acompañamiento para menores en riesgo de exclusión.
El instrumento legislativo incluye un llamado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para articular una respuesta gubernamental interinstitucional sustentada en la perspectiva de derechos humanos y el interés superior de la niñez.
De acuerdo con los lineamientos internacionales integrados en la propuesta, los menores involucrados en actividades ilícitas deben ser considerados y procesados primordialmente como víctimas de contextos de violencia estructural, priorizando la cultura de paz sobre los enfoques estrictamente punitivos.
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