El Gobierno federal descartó una reanudación automática de las relaciones diplomáticas con Ecuador tras el asalto a la embajada en Quito. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la reapertura de los vínculos bilaterales dependerá del establecimiento de condiciones políticas y diplomáticas que reparen la violación a la soberanía mexicana.
Durante su pronunciamiento, la mandataria señaló que la normalización de la relación requiere diversas consideraciones institucionales. Precisó que el Estado ecuatoriano debe ofrecer garantías de no repetición ante los hechos registrados en abril de 2024, cuando fuerzas de seguridad ingresaron al recinto diplomático.
La ruptura diplomática se originó tras la captura del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se encontraba al interior de la sede diplomática. México calificó el operativo como una vulneración directa al principio de inviolabilidad diplomática consagrado en los tratados globales que rigen el funcionamiento de las representaciones en el extranjero.
Proceso ante tribunales internacionales
El diferendo entre ambas naciones mantiene un cauce jurídico activo ante la Corte Internacional de Justicia. La administración mexicana exige en dicha instancia que se reconozca la agresión al derecho internacional por la incursión no autorizada en el territorio de la representación consular y la detención de un perfil que contaba con la figura de asilo político.
El gobierno de Ecuador justificó la intervención argumentando circunstancias excepcionales para ejecutar una orden de aprehensión por cargos de corrupción. En contraste, las autoridades mexicanas sostienen que las normativas internacionales de protección a asilados tienen primacía sobre las determinaciones o justificaciones judiciales internas del país receptor.
En el corto plazo, el restablecimiento de las funciones consulares plenas requerirá señales verificables y actos de responsabilidad por parte del gobierno ecuatoriano. Los equipos de ambos países tendrían que negociar un reconocimiento formal del agravio antes de proceder con el intercambio de embajadores y la reapertura de las sedes.
Mientras el litigio internacional continúa su curso legal, la postura del Ejecutivo federal mantiene condicionada la agenda bilateral. La resolución del conflicto demanda un mecanismo formal que acredite el cumplimiento de las normativas internacionales sin omitir las responsabilidades políticas derivadas de la crisis inicial.
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