El coordinador parlamentario del PRI, el diputado federal Rubén Moreira Valdez, calificó este miércoles como un fracaso gubernamental la decisión de Estados Unidos de limitar la renovación del T-MEC a un plazo de 10 años con revisiones arancelarias anuales.
Durante una entrevista en el Senado, el legislador atribuyó este escenario a la falta de capacidad negociadora de la actual administración y advirtió que las revisiones periódicas generarán ciclos de inestabilidad económica. Moreira Valdez señaló que las modificaciones constitucionales son el origen de la incertidumbre comercial, al argumentar que «la destrucción del Poder Judicial es algo que durante décadas no vamos a poder reparar».
Como evidencia de la desconfianza internacional hacia el Estado mexicano, el priista afirmó que el acuerdo de comercio con Europa se encuentra actualmente condicionado. Según sus declaraciones, la contraparte exige la constitución de un tribunal especial para la resolución de juicios de inversionistas europeos en el país.
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Implicaciones económicas y de seguridad
En el ámbito interno, el diputado federal urgió a la titular del Ejecutivo a desligarse de la política de seguridad implementada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Para dimensionar el impacto de dichas directrices, Moreira sostuvo que en el último año han desaparecido 26 mil empresas a nivel nacional.
Para contrarrestar el aislamiento institucional, la bancada priista propuso la creación de un Tratado de Seguridad de América del Norte, un instrumento que buscaría establecer la cooperación trilateral permanente para frenar el impacto del crimen organizado en los flujos comerciales.
Señalamientos por financiamiento
Finalmente, respecto a un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que presuntamente vincula el financiamiento de campañas oficialistas con el huachicol fiscal, el legislador exigió al partido en el poder desmarcarse de dichas prácticas.
“Morena tiene que desligarse de ese pasado y permitir que las autoridades actúen», sentenció el coordinador parlamentario, tras señalar la urgencia de garantizar investigaciones financieras sin interferencias políticas.
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