El 47% de los usuarios de telefonía móvil en México prefiere perder su número antes que entregar sus datos personales para cumplir con el registro obligatorio de líneas celulares, de acuerdo con un estudio presentado por la agencia de investigación Research Land.
El levantamiento estadístico expone que solo el 42% de los ciudadanos accedería a realizar el trámite, motivados exclusivamente por la necesidad operativa del dispositivo para la continuidad de sus entornos laborales o la comunicación familiar cotidiana.
Respecto a los riesgos asociados a la entrega de la CURP e información personal, el 40% de los encuestados señaló como principal preocupación la vulneración de las bases de datos por parte de ciberdelincuentes, mientras que un 29% vinculó la medida gubernamental con un potencial incremento en las extorsiones telefónicas.
Antecedentes de vulnerabilidad cibernética
La percepción de desconfianza ciudadana coincide con incidentes recientes de seguridad informática en la administración pública. A principios de 2026, un grupo de atacantes extrajo 2.3 terabytes de información de 25 dependencias del Gobierno de México, comprometiendo los datos de aproximadamente 36 millones de personas.
Aunado al riesgo de sustracción de identidad, el reporte de Grupo UPAX detalla que un 20% de la población encuestada percibe el registro de líneas como un mecanismo potencial de vigilancia o control gubernamental. Únicamente el 11% descartó tener inquietudes sobre el manejo institucional de su información.
El director general de Research Land, Pablo Levy, advirtió que la transparencia en el tratamiento de la información será determinante durante la implementación de la medida, cuya fecha límite fue ampliada de manera escalonada por la autoridad regulatoria hasta diciembre del presente año.
A nivel internacional, el costo económico de las vulneraciones de sistemas informáticos mantiene una tendencia al alza. Estimaciones corporativas de IBM advierten que el impacto financiero promedio por filtración de datos alcanzó un récord de 4.88 millones de dólares durante 2024, afectando la viabilidad operativa de organizaciones públicas y privadas.
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