La Auditoría Superior de la Federación (ASF) implementó una reingeniería de su modelo de fiscalización con el objetivo de transitar hacia la ejecución de auditorías integrales en los tres órdenes de gobierno, mecanismo que le permitirá presentar denuncias penales inmediatas al detectar irregularidades.
Durante la primera entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el titular del organismo, Aureliano Hernández Palacios Cardel, detalló que el esquema sustituirá progresivamente las auditorías sectoriales para abarcar el cumplimiento legal, financiero y de desempeño.
El rediseño institucional facultará a la dependencia para verificar que los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación cumplan con sus objetivos originales, rastreando las transferencias hasta identificar al beneficiario final de las partidas presupuestales.
Coordinación contra ilícitos financieros
Para la identificación de posibles vínculos entre recursos públicos y operaciones de la delincuencia organizada, el auditor superior confirmó que la institución trabaja en coordinación técnica con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Las recientes modificaciones legales permiten a la ASF iniciar investigaciones directas ante cualquier indicio, sin requerir la conclusión del proceso formal de fiscalización. Bajo este nuevo esquema, el organismo ya presentó 21 denuncias penales por un posible desvío de 600 millones de pesos.
Modificaciones al Programa Anual
La reestructuración del Programa Anual de Auditorías contempla revisiones específicas para cada dependencia federal, proyectos de infraestructura y entidades federativas. Hernández Palacios precisó que tan solo la revisión estatal implica el escrutinio de más de 6 mil 400 entes públicos.
Respecto a los expedientes iniciados en administraciones anteriores, el titular de la ASF puntualizó que todos los procedimientos se mantienen vigentes y bajo seguimiento permanente, fungiendo el organismo fiscalizador como autoridad garante en las mesas de trabajo ministeriales.
Finalmente, el nuevo modelo integra un fortalecimiento de los mecanismos de denuncia ciudadana, elemento que operará como un control institucional para evitar resoluciones discrecionales y aumentar el rigor técnico de la dependencia en sus procesos de revisión.
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