El décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito discutirá este día un proyecto de resolución que determinará si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe liberar el acceso a los archivos militares que corresponden al periodo histórico de la guerra sucia.
La deliberación deriva del amparo en revisión 43/2025, promovido por familiares de personas desaparecidas, quienes señalaron la omisión de las autoridades castrenses en la entrega de documentos que aportarían líneas de investigación sobre el paradero de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió que el fallo resulta clave para el derecho a la verdad, por lo que urgió al Poder Judicial de la Federación a conceder la protección y establecer un mecanismo de supervisión judicial que garantice la transferencia de los expedientes.
Antecedentes del litigio
El proceso judicial inició en 2023 cuando el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa conoció el expediente 1894/2023. Aunque el órgano jurisdiccional otorgó una suspensión definitiva para evitar la destrucción o eliminación de los registros, posteriormente negó el amparo, prolongando la ruta legal por casi tres años.
La demanda expone que las Fuerzas Armadas han incumplido la instrucción presidencial de febrero de 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación, que ordenaba trasladar toda la documentación sobre graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas al Archivo General de la Nación.
Obstáculos a la investigación
De acuerdo con los promoventes, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEVH) reportó hallazgos durante sus inspecciones a las instalaciones militares; sin embargo, acusaron que el Ejército obstaculizó las consultas, alteró cajas de evidencia y finalmente restringió el acceso a los acervos.
Las organizaciones civiles señalaron que la resolución sentará un precedente sobre el papel de las instituciones de impartición de justicia frente a las garantías constitucionales, en el contexto de la nueva etapa del Poder Judicial.
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