La Secretaría de Gobernación informó el hallazgo de una caja de explosivos en un camión donde viajaban familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Tras el anuncio institucional, los integrantes del movimiento civil y sus representantes legales rechazaron las aseveraciones y afirmaron que se trata de una estrategia gubernamental para frenar las movilizaciones programadas en la Ciudad de México.
Rechazo de los familiares y agenda de protestas
El desglose del comunicado oficial de las autoridades federales vinculó el material incautado con los transportes de los manifestantes. En respuesta, los portavoces del movimiento recordaron el antecedente del pasado 1 de junio, cuando la federación se deslindó de las lesiones ocurridas en las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y responsabilizó al magisterio de detonar petardos.
«Reprobamos esta actitud de las autoridades en contra de las madres y los padres de los 43, desde aquí hacemos este llamado de que esto no vuelva a ocurrir (…) entendemos que es una forma de frenar las movilizaciones en la Ciudad de México», declaró Isidoro Vicario, abogado de los familiares, quien reiteró que las actividades se realizarán de manera pacífica. El contingente estudiantil y civil se unirá a la CNTE para realizar una pega de carteles con los rostros de los desaparecidos sobre la Calzada de Tlalpan el próximo 11 de junio, coincidiendo con la inauguración del Mundial de fútbol.
Solicitud de audiencia y diferencias por el GIEI
Para el viernes 12 de junio, la representación jurídica y los padres de familia buscarán formalizar una mesa de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario Arturo Medina; la titular de la FGR, Ernestina Godoy, y el fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán. El objetivo es destrabar las indagatorias ante lo que consideran una falta de resultados sustanciales.
“Estamos prácticamente a los 12 años entonces por eso queremos avanzar, no vemos los avances que se deben dar”, expuso Melitón Ortega, familiar de uno de los estudiantes ausentes. Asimismo, el movimiento insistió en demandar el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un planteamiento que ha sido desestimado formalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum. El abogado Vicario argumentó que si existe voluntad política por parte del Estado, se deben agotar todas las instancias para conocer el paradero de los jóvenes y los sucesos de la noche del 26 de septiembre de 2014.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.