La diputada federal Lorena Piñón Rivera acusó desde la tribuna de la Cámara de Diputados que el diseño original de la reforma al Poder Judicial y sus actuales modificaciones tienen como objetivo institucionalizar la impunidad frente a presuntos actos de corrupción de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Al participar en el debate extraordinario de este miércoles, la legisladora veracruzana sostuvo que el desmantelamiento de la carrera judicial no derivó de errores de gestión o impericia técnica de la administración anterior, sino de una estrategia deliberada para suprimir la independencia jurisdiccional del país.
Piñón Rivera argumentó que el hecho de que la mayoría parlamentaria someta a revisión su propio marco legal a menos de dos años de haberlo aprobado representa una confesión del fracaso del modelo. «Cada artículo que hoy se modifica es la firma al pie de un error histórico», señaló al fijar la postura de su bancada.
Para sustentar la presunta necesidad política de establecer jueces condicionados, la diputada enlistó directamente los expedientes que involucran a los hijos del exmandatario. Refirió la ocupación de un inmueble en Houston vinculado a un ejecutivo de Baker Hughes —contratista de Pemex— por parte de José Ramón López Beltrán, así como las redes de tráfico de influencias en adjudicaciones ferroviarias y de elusión fiscal atribuidas a Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, respectivamente.
Aunque la legisladora precisó que su intervención responde a la línea jurídica sostenida por la dirigencia nacional priista y su coordinación parlamentaria, hizo un énfasis particular en su investidura como representante de Veracruz, entidad que describió como severamente afectada por las deficiencias y la falta de autonomía en el sistema de impartición de justicia.
Al anticipar su voto en contra del nuevo dictamen, Piñón Rivera concluyó que su rechazo al proyecto normativo trasciende la oposición partidista para asumirse como un mandato de representación ante los costos sociales y legales que implica la ausencia de tribunales libres.
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