Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acudió a una entrevista ministerial en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, en medio de un proceso judicial donde es buscado por autoridades estadounidenses. La comparecencia del martes 26 de mayo transcurrió sin registro gráfico de su ingreso o salida, dándose a conocer únicamente a través de las redes oficiales del mandatario estatal.
La situación legal del político contrasta en ambas jurisdicciones. Desde el 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizaron imputaciones en su contra por conspiración para importar narcóticos y posesión de armas. Derivado de estos cargos, el funcionario cuenta con una notificación roja de la Interpol activa.
A pesar de los requerimientos internacionales, Rocha Moya mantiene libertad de tránsito dentro del país. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la FGR determinaron que la solicitud provisional de extradición no incluyó los elementos probatorios necesarios para ejecutar una orden de aprehensión inmediata bajo el marco legal mexicano.
Diplomacia y plazos legales
El desarrollo del proceso se rige bajo los tiempos del Tratado de Extradición Bilateral, que otorga un plazo para que la contraparte formalice el expediente probatorio. De concretarse una negativa de extradición, el Estado deberá aplicar el principio legal Aut Dedere Aut Judicare, obligando a la fiscalía nacional a juzgarlo con la información provista por Washington.
Durante la jornada de la diligencia ministerial, medios locales documentaron el acceso de otras autoridades investigadas, como el alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el vicefiscal con licencia, Dámaso Castro Zaavedra. El ingreso de Rocha Moya se concretó presuntamente por áreas alternas de la delegación, impidiendo la documentación visual de los medios periodísticos.
El caso se cruza con el proceso legal de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien se encuentra recluido en Nueva York tras su arresto. Las declaraciones ministeriales que Mérida ofrezca en sus próximas audiencias podrían aportar nueva evidencia a la investigación estadounidense.
El desahogo de este expediente perfila una potencial fricción diplomática entre ambas administraciones. Mientras tanto, la vigencia de los cargos y la alerta internacional mantienen al gobernador con licencia confinado al territorio nacional bajo las indagatorias locales.
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