El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la entrega de dos exfuncionarios de Sinaloa a las autoridades de Estados Unidos es un asunto de competencia exclusiva de los implicados, quienes deberán asumir las consecuencias legales de sus actos. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, calificó el suceso como un hecho trascendente que evidencia la falta de confianza en el sistema de justicia mexicano y refrenda los señalamientos sobre vínculos entre el sector público y el crimen organizado.
Las declaraciones parlamentarias surgen tras confirmarse la entrega voluntaria del exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz, y del exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, ambos colaboradores del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Debate sobre la soberanía y la exigencia de pruebas
Ricardo Monreal descartó emitir un juicio directo sobre la situación jurídica de los exsecretarios y manifestó su respaldo a la postura adoptada por el Poder Ejecutivo Federal respecto a la conducción de la política exterior y la seguridad interna.
“Yo no tengo ninguna opinión de ellos porque no soy su vocero ni su abogado, soy un simple diputado (…) El hecho de que ella exija pruebas, me parece lo más sensato y lo más correcto de una jefa de Estado”, expresó Monreal.
El líder de la bancada mayoritaria en San Lázaro insistió en que la única vía legal para proceder en contra de cualquier ciudadano señalado en el ámbito nacional o internacional es mediante la presentación de elementos probatorios, respaldando el principio de no intervención en los asuntos internos del país.
Cuestionamientos de la oposición en San Lázaro
En contraste, la diputada panista Kenia López Rabadán ofreció una conferencia de prensa donde señaló que el acontecimiento constituye una afectación institucional de alcance nacional que no debe minimizarse ni soslayarse por parte de las autoridades.
“Por más que quieran minimizar ese hecho, es un hecho nacional, claro que es una herida abierta para el pueblo de México, claro que constata, refrenda lo que se dijo durante mucho tiempo por distintas voces (…) diciendo que hay partes del territorio mexicano que están lamentablemente secuestradas por el crimen organizado”, apuntó López Rabadán.
La presidenta de la Mesa Directiva concluyó que la entrega de los exfuncionarios sinaloenses expone de manera directa problemáticas relacionadas con actos de corrupción y componendas con grupos delictivos en la administración local.
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