El Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Senador de la República, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció este miércoles el inicio de una ofensiva jurídica ante organismos internacionales y dependencias del gobierno de los Estados Unidos. La medida busca que funcionarios y excolaboradores del gobierno de Sinaloa sean investigados bajo la Ley Patriota, tras la reciente solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya y las imputaciones por presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado.
Moreno Cárdenas informó que ha formalizado la entrega de expedientes ante el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El legislador fundamentó esta acción en las órdenes ejecutivas emitidas por la administración norteamericana en 2025, las cuales designan a ciertos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que permite sancionar a cualquier entidad o individuo que mantenga tratos o brinde apoyo a dichas estructuras.
Paralelismo con el caso Batasuna-ETA
Durante su pronunciamiento en el Senado, el dirigente priista estableció un paralelismo histórico con la ilegalización del partido español Batasuna en 2003. Moreno Cárdenas argumentó que, tal como ocurrió en España, donde se acreditó que dicha organización era el brazo político del grupo terrorista ETA, en México existen elementos para señalar que la estructura oficialista opera como una extensión política de los grupos delictivos que controlan el territorio sinaloense.
«El estado de Sinaloa se convirtió en una estructura criminal donde participaba el gobernador, el secretario de Gobierno, el de Finanzas, las fiscalías y las policías», afirmó Moreno Cárdenas. El senador destacó que la actual administración federal ha optado por delegar un pacto de impunidad, lo que ha derivado en una crisis de seguridad que suma más de 240 mil homicidios y el desplazamiento forzado de familias en diversas regiones del país.
Documentación de la «Narcoelección»
La estrategia internacional del PRI incluye testimonios y pruebas documentales de los procesos electorales de 2021 y 2024, periodos en los que, según el partido, se consolidó una narcoelección mediante el secuestro de representantes y el robo de urnas. El diputado federal Mario Zamora Gastélum recordó que desde el minuto uno de la elección de 2021 se consignaron estos hechos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), sin que las autoridades locales emitieran sanciones en su momento.
Impacto en la economía y seguridad local
Legisladores sinaloenses presentes en el acto reportaron que la entidad suma 604 días de conflicto armado, con un saldo de 2,665 personas asesinadas y 3,703 desaparecidas. En el ámbito económico, la senadora Paloma Sánchez detalló un daño patrimonial de 70 mil millones de pesos y el cierre de 3,701 negocios, lo que ha sumido a los sectores agrícola y comercial en una depresión financiera sin precedentes.
Moreno Cárdenas advirtió que el PRI iniciará una gira internacional para denunciar las amenazas que enfrentan legisladores de oposición y para exigir que se cumplan los tratados de extradición vigentes. El dirigente concluyó que, ante la falta de autonomía del Poder Judicial en México, la búsqueda de justicia se trasladará a los organismos multilaterales para garantizar la protección de las familias sinaloenses y el orden republicano.
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