Un juez federal ordenó a las autoridades federales otorgar medidas de seguridad urgentes a la diputada local de Sinaloa, Paola Gárate, y a su familia, así como la realización de rondines de vigilancia en su domicilio particular. La resolución judicial ocurre luego de que la legisladora denunciara haber recibido una corona fúnebre en la puerta de su casa y sufrir previos acontecimientos de violencia.
A través de un comunicado emitido este viernes, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) detalló que la disposición abarca e involucra directamente a la presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Nacional.
El proceso legal para la obtención de protección
La asignación de estas salvaguardas legales se derivó de la suspensión de plano y oficio dictada dentro de una demanda de amparo indirecto, la cual fue promovida por la legisladora sinaloense y su equipo de asesores jurídicos. Según manifestó Gárate, cada una de las dependencias gubernamentales citadas y sus respectivos titulares ya han sido notificados de manera formal y legal sobre el amparo, por lo que se encuentran condicionados al estricto cumplimiento de la resolución del juzgador.
Mediante un video publicado en sus cuentas oficiales, la diputada local expuso las etapas del procedimiento que debió seguir para elevar su caso ante las instancias judiciales del Poder Judicial de la Federación, tras considerar insuficientes los mecanismos previos de protección ante las amenazas e intimidaciones registradas en el municipio de Culiacán.
Antecedentes de los hechos de violencia
La legisladora local informó que el pasado 10 de junio, un grupo de hombres armados colocó una corona de flores fúnebres en el exterior de su propiedad en Culiacán. En declaraciones previas a Latinus desde las instalaciones del Senado de la República, Gárate explicó que el miércoles posterior a la denuncia de los hechos se le asignó una patrulla con elementos de la Guardia Nacional.
No obstante, la funcionaria detalló que dicha escolta de acompañamiento le fue retirada dos días después, el viernes de esa misma semana, situación que motivó la posterior interposición del recurso de amparo indirecto para garantizar el restablecimiento de su resguardo personal y familiar.
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