La Diputada América Rangel presentó este martes ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para expedir la Ley de Capitalidad para la Ciudad de México. El proyecto busca establecer un marco legal que garantice recursos permanentes para la entidad, argumentando los costos extraordinarios que implica ser la sede de los Poderes de la Unión.
La propuesta legislativa plantea destinar el 0.25% de la Recaudación Federal Participable a la capital, lo que representaría un ingreso superior a los 13 mil millones de pesos para el ejercicio 2026. Según la legisladora, estos recursos permitirían mitigar la presión sobre los servicios públicos generada por la población flotante que diariamente acude a la ciudad.
Impacto en infraestructura y seguridad
La iniciativa especifica que los fondos obtenidos no podrán ser utilizados para gasto corriente. En su lugar, el proyecto prioriza la inversión en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el fortalecimiento de la seguridad pública, la procuración de justicia y la infraestructura vial y ambiental, áreas que presentan demandas críticas de financiamiento.
Rangel recordó que desde el año 2019 el Fondo de Capitalidad desapareció del presupuesto federal. Dicho instrumento financiero aportaba anteriormente cerca de 4 mil millones de pesos anuales, los cuales servían para compensar los gastos derivados de la condición de capitalidad, tales como la atención a manifestaciones y la prestación de servicios a no residentes.
Mecanismos de vigilancia y transparencia
Para asegurar la correcta ejecución del presupuesto, la ley propuesta contempla la creación del Consejo de Capitalidad. Este órgano estaría integrado por autoridades federales y locales, con el mandato de supervisar que la aplicación de los recursos cumpla con los principios de transparencia y rendición de cuentas establecidos en el marco jurídico vigente.
La legisladora por el distrito de Miguel Hidalgo señaló que la Ciudad de México ha asumido de manera unilateral los costos operativos de ser el centro político del país. En este sentido, la iniciativa pretende elevar a rango legal la asignación de recursos para evitar que la viabilidad financiera de la capital dependa de negociaciones políticas coyunturales.
Proceso legislativo en comisiones
La propuesta fue turnada de manera oficial a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Hacienda para su análisis y posterior dictaminación. El debate se centrará en la viabilidad de la fórmula de cálculo basada en la participación de los ingresos federales y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
De aprobarse, la Ley de Capitalidad para la Ciudad de México representaría un cambio estructural en la relación fiscal entre la Federación y la capital, otorgando autonomía financiera para proyectos de largo plazo en infraestructura urbana y sistemas de transporte masivo.
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