El Senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), descartó que el Senado de la República vaya a integrar comisiones transitorias o permanentes para investigar la crisis institucional en Chihuahua. Tras la inasistencia de la gobernadora Maru Campos a la Cámara Alta, Mier señaló que el proceso se encuentra bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República (FGR).
Mier Velazco sostuvo que la renuncia del fiscal de Chihuahua evidencia una responsabilidad «por omisión», derivada de las irregularidades detectadas tras un accidente que involucró a agentes de la CIA. El legislador subrayó que la creación de una unidad de investigación local para delitos de carácter federal transgredió el marco legal vigente, generando una crisis de competencias institucionales.
Deslinde de facultades legislativas
Respecto a las demandas de juicio político o la posible desaparición de poderes en la entidad —planteamientos sugeridos por bancadas como la del PT—, el presidente de la Jucopo hizo un llamado a la prudencia. Afirmó que el Estado mexicano debe actuar a través de sus canales institucionales y evitar anticipar juicios antes de que la instancia judicial determine los alcances de la responsabilidad local.
«Debemos respetar el marco legal del país que establece que el canal es la Fiscalía General de la República«, puntualizó el senador de Morena. Precisó que el oficio enviado por el gobierno de Chihuahua admite la creación de la comisión cuestionada, lo cual será una pieza clave en las indagatorias que realice el Ministerio Público Federal sobre la administración de Campos.
Análisis de las elecciones judiciales
En temas de agenda legislativa, Mier Velazco abordó la posibilidad de un periodo extraordinario en mayo para discutir la postergación de las elecciones judiciales. Al respecto, indicó que no es una decisión unilateral y que requiere un análisis multifactorial que involucre a la próxima Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, una vez que asuma formalmente el cargo.
El líder de la mayoría en el Senado explicó que cualquier modificación al calendario electoral judicial debe considerar el avance de las adecuaciones en los estados, dado que se requiere el aval de al menos 17 congresos estatales. Además, destacó que existen variables críticas como el costo y la logística que deben ser evaluadas por los coordinadores de ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Contexto institucional y próximos pasos
La postura de la Jucopo busca enfriar la confrontación directa en el pleno, delegando la carga probatoria y sancionadora al Poder Judicial y a la FGR. Este movimiento permite a la mayoría legislativa mantener la presión política sobre el gobierno de Chihuahua sin incurrir en procedimientos parlamentarios que podrían ser impugnados por vicios de origen o falta de competencia.
Finalmente, el legislador reiteró que la prioridad del Congreso de la Unión será armonizar los procesos locales para la reforma al Poder Judicial. El análisis técnico sobre los tiempos electorales continuará en coordinación con el Ejecutivo Federal, priorizando la viabilidad presupuestaria antes de convocar a sesiones extraordinarias en ambas cámaras.
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