El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no tenía conocimiento de la participación de agentes extranjeros en operativos realizados en su entidad. Durante una conferencia de prensa, el funcionario federal compartió detalles de la reunión sostenida con la mandataria estatal para abordar el incidente ocurrido el pasado 19 de abril, donde fallecieron dos agentes estadounidenses.
«La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo», declaró García Harfuch ante los cuestionamientos de los medios de comunicación. El secretario reiteró que el Gobierno Federal tampoco poseía detalles precisos sobre las actividades que realizaban dichas personas en territorio chihuahuense al momento del percance.
Avances en la investigación y renuncias
Respecto al curso legal del caso, el funcionario señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia encargada de concluir las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. «Nosotros, como lo hemos mencionado, no tenemos pleno conocimiento de la participación, de qué estaban haciendo esas personas que obviamente lamentamos mucho su fallecimiento», añadió el titular de seguridad.
Este suceso ya generó consecuencias administrativas en el estado, destacando la renuncia irrevocable de César Jáuregui, quien se desempeñaba como fiscal general de Chihuahua. Jáuregui fue el primer funcionario en reportar el suceso tras un operativo contra un narcolaboratorio que derivó en la muerte de cuatro personas, incluidos los elementos extranjeros y el director de la Agencia Estatal de Investigación.
Ausencia en el Senado
A pesar de que se tenía prevista una reunión en el Senado de la República para este martes, donde la gobernadora Maru Campos explicaría la situación y los protocolos de colaboración internacional, la mandataria canceló su asistencia horas antes del encuentro. Hasta el momento, las autoridades federales mantienen una postura de reserva mientras la FGR determina el estatus legal y la naturaleza de la presencia de los agentes en la zona del operativo.
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