El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta actualmente con permiso para ingresar a Estados Unidos tras la revocación de su visa en 2025, según informó una publicación de Los Angeles Times. El reporte, elaborado por el corresponsal Steve Fisher, ubica al mandatario estatal junto a otros políticos de su partido y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quienes tampoco disponen de este documento de viaje.
La investigación señala que el gobierno de Estados Unidos planea iniciar una campaña anticorrupción dirigida a políticos mexicanos con presuntos nexos con el crimen organizado. De acuerdo con el medio estadounidense, esta estrategia no se limitará a la cancelación de visados, sino que contempla la presentación de acusaciones formales ante tribunales federales en territorio estadounidense.
Contexto político y judicial en Sinaloa
El texto refiere que Rocha Moya ha permanecido en su cargo pese a diversas controversias, entre las que destaca el asesinato en 2024 de Héctor Melesio Cuén, exrector de la universidad estatal y su principal rival político. Aunque este evento provocó la dimisión del fiscal del estado por la falta de esclarecimiento de los hechos, el gobernador se ha mantenido en funciones.
«Rocha Moya es una de las muchas políticas de alto nivel que se consideran protegidas por sus vínculos con Andrés Manuel López Obrador«, afirma la publicación de Los Angeles Times. Esta vinculación política es señalada por el medio como un factor de permanencia para el mandatario sinaloense ante los cuestionamientos sobre su administración.
Postura oficial y medidas de seguridad
A pesar de la medida administrativa tomada por el Departamento de Estado, el gobernador ha manifestado anteriormente su rechazo a cualquier vínculo con organizaciones dedicadas al narcotráfico. No obstante, la revocación del permiso migratorio se ha ejecutado en un marco de endurecimiento de las políticas de seguridad de la administración estadounidense hacia funcionarios mexicanos sospechosos de colaborar con cárteles.
Se prevé que esta campaña anticorrupción sea un eje central de las relaciones bilaterales en materia de justicia, buscando identificar y procesar a figuras públicas involucradas en redes de delincuencia organizada transfronteriza.
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