La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un grupo de alto nivel integrado por 15 científicos y académicos para evaluar la viabilidad técnica y ambiental de la explotación de gas no convencional mediante la fracturación hidráulica, técnica conocida como fracking.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria precisó que este análisis responde a una necesidad estratégica para el Estado: reducir la dependencia del gas natural importado de Estados Unidos, que actualmente representa el 75% del consumo nacional. El objetivo central, señaló, es fortalecer la soberanía energética mediante decisiones basadas en evidencia científica.
Integración académica y plazos
El equipo interdisciplinario está conformado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). También participan organismos técnicos como el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Este grupo de expertos tiene la encomienda de entregar una primera orientación técnica en un plazo de dos meses. El análisis se centrará en tres ejes fundamentales: geología de las formaciones, impacto en aguas subterráneas y procesos de tratamiento hídrico, factores críticos para determinar la factibilidad de estas técnicas en suelo mexicano.
Foco en el norte del país
Aunque la presidenta evitó adelantar un veredicto, identificó regiones con potencial geológico, como el estado de Coahuila. Mencionó que las condiciones geográficas y la densidad poblacional de ciertas zonas del norte podrían presentar escenarios hipotéticos de factibilidad, siempre que no se afecte el suministro de agua ni los derechos de las poblaciones locales.
Sheinbaum Pardo calificó este ejercicio como «inédito» en la gobernanza energética del país al integrar de forma directa a la academia en el proceso de toma de decisiones. No obstante, subrayó que la prioridad de su gobierno sigue siendo la transición hacia energías renovables, manteniendo el compromiso de alcanzar una generación de energía limpia del 45% para el año 2030.
Consulta y derechos comunitarios
En materia de impacto social, la jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que no se autorizarán proyectos que vulneren a las comunidades. Recordó conflictos previos en el desarrollo de infraestructura, como la energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, asegurando que su administración evitará la falta de consulta que generó rechazo en el pasado.
En la presentación oficial del comité estuvieron presentes la secretaria de Energía, Luz Elena González; el director general de Pemex, Víctor Rodríguez; y la directora de la CFE, Emilia Calleja, quienes darán seguimiento a los resultados del dictamen científico para ajustar las proyecciones de extracción y almacenamiento de hidrocarburos.
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