El diputado federal Christian Castro Bello, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó ante el pleno de la LXVI Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo octavo al artículo 40-B de la Ley de Coordinación Fiscal. La propuesta busca establecer un mecanismo de compensación permanente para las entidades federativas impactadas por actividades de extracción petrolera, con el fin de resarcir daños sociales, ambientales y económicos.
La reforma legislativa plantea que estados con trayectoria histórica en el sector, como Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, mantengan participaciones constantes de los recursos provenientes de los fondos establecidos en dicho artículo. Esto operaría de manera independiente al volumen de producción actual, utilizando como base de cálculo el valor de extracción bruta más alto registrado en censos económicos previos de la entidad.
Deuda histórica y justicia territorial
Durante su intervención en la tribuna, Castro Bello calificó la medida como un acto de «justicia elemental» frente al desgaste social, el impacto ambiental y la inseguridad que han enfrentado las comunidades petroleras. El legislador enfatizó que estados que han sido el motor energético de la nación hoy enfrentan el abandono y la reducción de ingresos debido al declive natural de los yacimientos o cambios en los registros oficiales.
Uno de los puntos críticos señalados fue la reclasificación de Campeche en registros institucionales, donde ha comenzado a figurar bajo la denominación de «Aguas Territoriales» en lugar de estado productor. Esta situación, según el proponente, pone en riesgo el acceso a recursos del Fondo de Extracción de Hidrocarburos y a donaciones de la paraestatal destinadas a obras y programas de interés mutuo en las regiones afectadas.
Incumplimientos y crisis económica local
La iniciativa también destaca el impacto negativo de los impagos de Petróleos Mexicanos a proveedores locales, lo que ha forzado el cierre de negocios y la pérdida de empleos en municipios como Ciudad del Carmen. El legislador priista recordó además el compromiso incumplido de descentralizar las oficinas directivas de la paraestatal hacia dicha cabecera municipal, lo que agravó la crisis económica en la región.
El proyecto de decreto establece en sus artículos transitorios que la medida entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, estipula que aquellas entidades que en el futuro adquieran la clasificación de productoras de hidrocarburos se sujetarán a las reglas generales vigentes, reservando el beneficio de la participación permanente a los estados con impacto histórico ya consolidado.
Implicaciones para el pacto fiscal
De aprobarse, esta reforma modificaría los criterios de distribución de los recursos que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo transfiere a los estados. La propuesta del PRI busca que la Ley de Coordinación Fiscal reconozca que las afectaciones ambientales y la demanda de servicios públicos en zonas petroleras no desaparecen aunque la extracción disminuya, garantizando así un piso financiero para el desarrollo regional.
Finalmente, el legislador hizo un llamado a los diputados de todas las fracciones parlamentarias que representan a estados petroleros para sumarse a la iniciativa. Argumentó que el fortalecimiento de las regiones que han sostenido la economía nacional durante décadas es fundamental para la estabilidad del país, bajo la premisa de que el desarrollo de México no debe construirse sobre el abandono de sus zonas productoras.
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