El vocero del Grupo Parlamentario de Morena, Arturo Ávila, y el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, presentaron una queja formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. La denuncia señala presuntas violaciones al artículo 134 constitucional, acusándola de uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y la realización de actos anticipados de campaña.
Durante la presentación del recurso en las instalaciones del órgano electoral, los legisladores de la bancada mayoritaria sostuvieron que la funcionaria ha utilizado propaganda gubernamental vinculada a obras y programas públicos para posicionar su imagen. Ávila calificó la conducta como una «violación constitucional clara», al incluir nombres y símbolos que contravienen el carácter institucional que debe tener la comunicación oficial.
Solicitud de medidas cautelares
Como parte del procedimiento, la representación de Morena solicitó al INE la adopción de medidas cautelares para el retiro inmediato de la propaganda distribuida en la demarcación. Según el diputado Guillermo Santiago, el material denunciado constituye una promoción personalizada de servidor público, financiada con presupuesto de la alcaldía, lo que vulnera la equidad en la contienda política de cara a los próximos procesos electorales.
Los denunciantes exhibieron evidencia gráfica de la propaganda colocada en diversas zonas de la Cuauhtémoc, argumentando que los elementos visuales no dejan margen de interpretación legal. Afirmaron que la alcaldesa ha priorizado su proyección política personal por encima de las responsabilidades administrativas de su encargo, incurriendo en faltas graves de manera reiterada.
Contraste en la ética partidista y legalidad
Arturo Ávila aprovechó el pronunciamiento para contrastar la situación con las normas internas de su partido, asegurando que Morena mantiene reglas estrictas de legalidad para sus aspirantes. Subrayó que cualquier interés político debe conducirse con estricto apego al marco electoral vigente, instando a las autoridades a no permitir que se utilice el cargo público como plataforma de precampaña anticipada.
Finalmente, los legisladores hicieron un llamado al Consejo General del INE para actuar con firmeza y garantizar que ninguna autoridad utilice recursos públicos para fines proselitistas. La queja busca sentar un precedente sobre el uso de la propaganda gubernamental, exigiendo que se respete el fin informativo, educativo o de orientación social que establece la Carta Magna.
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