La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó este lunes el informe sobre desapariciones en el país emitido por un comité de expertos vinculado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mandataria calificó el documento como «inexacto» y señaló que el análisis presenta fallas metodológicas al realizar extrapolaciones de datos que no reflejan la realidad institucional actual.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum precisó que el reporte no emana de un órgano oficial directo de la ONU, sino de un grupo independiente. Cuestionó que la investigación se base en datos recolectados en solo cuatro entidades federativas durante el periodo 2009-2017, utilizándolos para proyectar conclusiones sobre la situación de derechos humanos hasta el año 2025.
Cuestionamientos a la metodología
La jefa del Ejecutivo argumentó que el informe no respeta la definición técnica internacional de desaparición forzada, la cual requiere la participación del Estado con fines de control político. Bajo esta premisa, sostuvo que el análisis se aleja de los estándares internacionales al no distinguir entre la violencia generada por el crimen organizado y las políticas gubernamentales.
Asimismo, la presidenta denunció que el comité omitió revisar la documentación enviada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Dichos expedientes detallan las reformas legales, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y las estrategias de localización implementadas por la administración federal en los últimos seis años.
Postura ante organismos internacionales
Sheinbaum enfatizó que el Estado mexicano actual no utiliza la desaparición como herramienta de represión, vinculando la incidencia de este delito principalmente a las dinámicas de la delincuencia organizada. «Rechazamos tajantemente la desaparición forzada como herramienta del Estado», puntualizó ante los medios de comunicación.
Pese al diferendo, la mandataria aseguró que se mantendrán los canales institucionales con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El objetivo será exponer formalmente la postura de México y asegurar que las acciones de búsqueda y atención a víctimas sean integradas en la discusión diplomática internacional de los próximos meses.
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