La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó este lunes que México no puede consolidarse como el referente internacional en materia de desapariciones. Durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora sostuvo que la actual crisis humanitaria no debe ser ignorada, minimizada ni descalificada por las autoridades federales.
López Rabadán se refirió a la reciente solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada para que la Asamblea General de la ONU aborde con urgencia la situación mexicana. Para la diputada presidenta, esta intervención representa una oportunidad institucional para que el Estado mexicano acceda a mecanismos de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada que fortalezca las capacidades de búsqueda.
Crisis de dimensiones internacionales
La legisladora subrayó que México, como Estado parte de los tratados internacionales de derechos humanos, tiene la obligación de permitir la evaluación y corrección de sus políticas públicas. «Hay una alta responsabilidad por cumplir: investigar con eficacia, prevenir estos hechos, sancionar a los responsables y atender con dignidad a las víctimas», señaló, instando a reconocer la gravedad de la situación actual.
Uno de los puntos más críticos expuestos por la presidenta de la Cámara fue la advertencia de la ONU sobre posibles crímenes de lesa humanidad. López Rabadán lamentó que existan indicios de que las desapariciones en el territorio nacional se realizan de forma generalizada o sistemática contra la población civil, lo que elevaría la responsabilidad jurídica del Estado ante tribunales internacionales.
Datos duros de la crisis forense
La diputada aportó cifras para dimensionar el reto institucional, destacando que actualmente existen más de 132 mil personas desaparecidas en el país. Además, informó sobre el hallazgo de más de 4,500 fosas clandestinas y la existencia de 72 mil restos humanos sin identificar, lo que evidencia un rezago crítico en materia forense y de servicios periciales.
«Son vidas, son familias, son historias que siguen esperando respuesta», enfatizó López Rabadán, tras reconocer que las madres buscadoras han tenido que asumir tareas de localización que corresponden legalmente al Estado. La legisladora hizo un llamado urgente a erradicar la impunidad y a utilizar la asistencia internacional para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Implicaciones legislativas y diplomáticas
La postura de la Mesa Directiva marca un contrapunto con la narrativa del Ejecutivo federal, sugiriendo que la solución a la crisis requiere de un enfoque técnico y no solo político. López Rabadán insistió en que la transparencia en las cifras y la solidez en las investigaciones son las únicas vías para ofrecer garantías de no repetición a las miles de familias afectadas.
Finalmente, se espera que este pronunciamiento impacte en la agenda de la LXVI Legislatura, donde diversos grupos parlamentarios han solicitado el fortalecimiento presupuestal de la Comisión Nacional de Búsqueda y de los centros de identificación humana. La cooperación con la ONU, concluyó la diputada, debe ser el eje rector para profesionalizar los protocolos de actuación en todo el país.
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