Organizaciones de derechos humanos como el Centro Pro y Causa Común rechazaron las cifras de desapariciones presentadas este viernes por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Los organismos señalaron que el desglose de los datos y la metodología de «depuración» del registro oficial minimizan la responsabilidad del Estado y carecen de transparencia para afrontar la crisis forense y de búsqueda en el país.
De acuerdo con el informe oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México se registran 132 mil 534 personas desaparecidas desde 1952 hasta 2026, de las cuales 130 mil 178 corresponden a los últimos 20 años. El gobierno dividió este universo en tres categorías: 46 mil 742 casos con información incompleta, 40 mil 308 con indicios de actividad posterior y 43 mil 128 personas con ficha de búsqueda vigente y sin registros recientes.
Críticas a la metodología y responsabilidad estatal
La organización Causa Común afirmó que los datos presentados reflejan un intento de reducir los números mediante lo que calificaron como «malabares numéricos». “En su lugar, debe sumarse todo lo que deba sumarse. Se mantiene la urgencia de fortalecer las acciones de búsqueda en campo y acelerar los procesos de identificación forense”, acusó el organismo, cuestionando si existen acciones reales más allá de la estadística.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Pro) destacó que el reconocimiento de solo 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas evidencia las barreras que enfrentan las familias para denunciar. Según el centro, esto ocurre especialmente en zonas de riesgo donde las redes criminales influyen en las fiscalías, impidiendo que se cumpla con la obligación de abrir una investigación penal ante cada caso.
Desafíos en el registro nacional
A ocho años de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición, la sociedad civil sostiene que México aún carece de un balance oficial verificable. Las organizaciones recalcaron que la afirmación oficial de que las desapariciones actuales están ligadas únicamente a grupos criminales y no al Estado busca deslindar responsabilidades institucionales.
El anuncio sobre la depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) fue descrito por las ONG como un desglose que exhibe la precariedad de las instituciones de búsqueda. Insistieron en que, sin medidas adicionales para garantizar la apertura de investigaciones, las familias seguirán enfrentando obstáculos sistémicos para acceder a la justicia.
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