El activista Jorge Antonio Procopio y su hermano, Saúl Antonio Procopio, fueron reportados como desaparecidos tras ser privados de su libertad por un grupo armado en el municipio de Santa María Jacatepec, Oaxaca. Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 14 de septiembre en la colonia San Juan del Río, perteneciente a la región de la Cuenca.
De acuerdo con testimonios de integrantes del Consejo Nacional de Pueblos en Lucha (CNPL), sujetos encapuchados y armados ingresaron al domicilio de los hermanos alrededor de las 15:00 horas utilizando dos camionetas sin placas. Durante la incursión, los familiares de las víctimas, incluidos niños y adultos mayores, resultaron agredidos por los captores.
Antecedentes y labor del activista
Jorge Antonio Procopio es identificado como el principal defensor de la tierra en la comunidad indígena de chinantecos de San Juan. Su labor se centra en la recuperación y defensa de espacios frente al despojo ilegal del que han sido víctimas durante los últimos dos años. Compañeros del activista señalaron que, previo al incidente, se detectó la presencia de personas desconocidas que grababan a los hermanos desde la distancia.
Tras el suceso, la comunidad fue alertada mediante altavoces sobre la presencia de los hombres armados, mientras que las organizaciones sociales aclararon que ninguno de los dos hermanos había participado en movilizaciones recientes debido a conflictos internos en la entidad.
Exigencias a las autoridades estatales
Este viernes, la Coordinadora contra la Represión y por la Justicia (CCRJ) encabezó una protesta para exigir al Gobierno de Oaxaca el rescate con vida de ambos hombres. Las organizaciones demandan que la Fiscalía General del Estado investigue el caso bajo la línea de su labor como defensores de derechos territoriales.
Asimismo, los manifestantes denunciaron una presunta revictimización de la familia por parte de las autoridades durante el proceso de toma de declaraciones. Aunque confirmaron que existe comunicación con la fiscalía, señalaron la falta de avances en las solicitudes de seguridad para la zona y para los allegados de las víctimas, donde actualmente residen solo ocho familias en condiciones de vulnerabilidad.
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