La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con 26 votos a favor y dos abstenciones, un dictamen que reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación (CFF). La medida busca flexibilizar el catálogo de formas para garantizar el interés fiscal, permitiendo que los contribuyentes elijan libremente la modalidad que mejor se adapte a su liquidez sin seguir un orden obligatorio.
El dictamen, derivado de una iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo Federal el pasado 19 de marzo, corrige la rigidez normativa establecida en reformas previas. El diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), presidente de la comisión, explicó que la modificación permite a las empresas y personas físicas asegurar el cobro de créditos fiscales sin comprometer su operación diaria ni enfrentar procesos burocráticos excesivos.
Rectificación de la política tributaria
Durante la discusión, legisladores de diversos grupos parlamentarios calificaron la reforma como una «corrección necesaria». El diputado Yericó Abramo Masso (PRI) destacó que la normativa anterior había derivado en un esquema de «terrorismo fiscal innecesario» que dificultaba los pagos y fomentaba el litigio. Al restituir la libre elección, se elimina la carga de acreditar la capacidad económica para acceder a modalidades de garantía distintas a las preferentes.
Por su parte, el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera (PAN) sostuvo que la reforma de diciembre pasado fue un error técnico que alteró un sistema funcional. La nueva redacción del artículo 141 devuelve la certidumbre jurídica al contribuyente, al reducir la discrecionalidad de la autoridad fiscal y agilizar los trámites de defensa ante posibles controversias con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Equilibrio entre recaudación y liquidez
Funcionarios de la SHCP presentes en la sesión defendieron la pertinencia de la reforma para mantener la salud financiera de las unidades económicas. Carlos Ernesto Molina Chávez, titular de la Unidad de Legislación Tributaria, señaló que el objetivo es mandar un mensaje de seguridad jurídica y evitar que las garantías fiscales generen contingencias que frenen la inversión o el gasto operativo de las empresas.
En el mismo sentido, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, aclaró que la flexibilización no implica una reducción en la protección del interés público. La funcionaria precisó que la obligación de garantizar el crédito fiscal se mantiene intacta; lo que se elimina son las «cargas procedimentales» que, en la práctica, entorpecían la eficacia del cobro y saturaban los tribunales administrativos.
Impacto en la certidumbre jurídica
La reforma a los párrafos primero y segundo del artículo 141 del CFF también fue respaldada por las bancadas de MC, PVEM y PT. La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) subrayó que el esquema vigente resultó lento y burocrático, mientras que Ana Elizabeth Ayala (Morena) puntualizó que la flexibilidad evitará conflictos que no benefician ni a la autoridad recaudadora ni a la ciudadanía que aporta al gasto público.
Finalmente, la Comisión instruyó el envío del dictamen a la Mesa Directiva para su programación en el pleno. Se espera que la reforma sea ratificada en los próximos días, consolidando un cambio de timón en la estrategia de fiscalización hacia un modelo de cumplimiento más ágil y menos litigioso para el sector empresarial mexicano.
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