El Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó la cancelación del permiso de donataria autorizada a más de 100 organizaciones no gubernamentales (ONG), una medida que ha generado cuestionamientos sobre la neutralidad de los criterios técnicos empleados por la autoridad fiscal para la revalidación anual de estos registros.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, integrante de la LXVI Legislatura, calificó este proceso como una «decisión arbitraria» y señaló que la falta de renovación del estatus legal compromete la viabilidad financiera de instituciones civiles dedicadas a la evaluación de políticas públicas y la transparencia.
Impacto en la fiscalización civil
De acuerdo con las declaraciones del legislador en el Palacio Legislativo de San Lázaro, entre las organizaciones afectadas se encuentran el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa y Mexicanos Primero. Estas instituciones se han caracterizado por mantener una postura crítica y técnica respecto a la gestión gubernamental y la rendición de cuentas.
Téllez Hernández subrayó que el 85 por ciento del sustento económico de estas organizaciones civiles proviene de donativos que requieren el recibo deducible de impuestos. Sin este mecanismo de financiamiento, advirtió, el ecosistema de supervisión ciudadana y combate a la corrupción corre el riesgo de desaparecer.
Discrecionalidad en procesos administrativos
El legislador contrastó la situación de las organizaciones fiscalizadoras con la celeridad administrativa otorgada a otras entidades. Citó el caso de la organización Humanidad para América Latina, la cual obtuvo su registro de donataria en un solo día, presuntamente para la captación de recursos destinados a fines ideológicos vinculados al exterior.
Esta disparidad en los tiempos de respuesta y en la rigurosidad de los informes anuales sugiere, según el diputado, un uso sesgado de las facultades del SAT. «Se privilegia solamente a algunas organizaciones bajo una total discrecionalidad», afirmó al cuestionar la justificación técnica de las revocaciones.
Acciones legislativas
Ante este panorama, se anunció la preparación de un punto de acuerdo para exhortar formalmente al SAT a presentar un informe detallado que funde y motive la negativa de revalidación para estas asociaciones. La intención es transparentar si las cancelaciones responden a omisiones administrativas reales o a un criterio de afinidad política.
La revisión de esta determinación resulta crucial para el equilibrio institucional, toda vez que la revalidación del permiso depende de informes de transparencia y el cumplimiento del objeto social que las ONG presentan año con año ante la autoridad hacendaria.
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