La Cámara de Senadores recibió este martes la iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, denominada «Plan B» en materia electoral. El proyecto, entregado a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, propone modificaciones a diversos artículos de la Constitución Federal con el objetivo de establecer medidas de austeridad republicana y fortalecer los mecanismos de revocación de mandato.
El documento plantea una reestructuración del gasto público en los tres niveles de gobierno. Entre las medidas principales, destaca la modificación al artículo 134 para que todas las remuneraciones de entes públicos federales, estatales y municipales se ajusten a los límites establecidos en el artículo 127 constitucional, prohibiendo además la contratación de seguros de ahorro privados, como el Seguro de Separación Individualizado, con recursos del Estado.
Ajustes presupuestales y reducción de regidurías
La iniciativa establece obligaciones específicas de diagnóstico y ajuste para el propio Senado de la República, proyectando una reducción del 15 por ciento de su presupuesto respecto al monto aprobado para el ejercicio 2026. Esta medida busca, según el texto, hacer eficiente el gasto y responder a las demandas ciudadanas frente al dispendio de recursos.
A nivel municipal, se propone una nueva integración de los ayuntamientos que limitaría su composición a una sola persona síndica y un máximo de quince regidurías. El proyecto mandata que los ahorros generados por esta reducción permanezcan en la hacienda de cada municipio para ser destinados exclusivamente a:
- Servicios públicos municipales.
- Obra pública local.
- Acciones de bienestar social.
Fortalecimiento de la democracia directa
En cuanto a la revocación de mandato, la iniciativa busca garantizar institucionalmente que el pueblo cuente con un instrumento para remover a gobernantes que atenten contra el interés popular. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, calificó la propuesta como una herramienta para la democracia participativa.
“No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, y los funcionarios públicos (…) debemos de ser congruentes y consistentes con el principio de la austeridad republicana”, expresó el legislador durante el acto de entrega-recepción. La iniciativa también contempla que los presupuestos de las legislaturas estatales guarden coherencia proporcional con el presupuesto público de cada entidad federativa.
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