La Cámara de Diputados inauguró este lunes las audiencias públicas para analizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El proceso legislativo pretende transformar el marco normativo federal vigente hacia la denominada Ley de Protección Ecológica y de Justicia Ambiental.
El presidente del órgano legislativo, Raúl Bolaños-Cacho Cué, destacó la coordinación interinstitucional durante la apertura de los trabajos. El legislador subrayó que la construcción de la nueva normatividad requiere apertura pública e integración de diversos sectores de la sociedad civil, superando agendas estrictamente partidistas.
En representación del Ejecutivo federal, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, presentó los ejes de la iniciativa. La propuesta busca fortalecer la infraestructura institucional para garantizar el derecho sustantivo a un medio ambiente sano estipulado en el texto constitucional.
Modernización institucional
El dictamen legislativo plantea la implementación de una evaluación estratégica ambiental con carácter técnico preventivo. Esta nueva herramienta legal complementará la manifestación de impacto ambiental tradicional, redefiniendo además las facultades operativas entre los gobiernos estatales, municipales y la Federación.
Como parte de la reestructuración orgánica, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cambiará su denominación a Procuraduría Federal de Justicia Ambiental. La dependencia centrará sus nuevas funciones operativas en la investigación preventiva y la reparación de daños ecológicos, superando el esquema exclusivamente sancionador.
La procuradora del organismo, Mariana Boy Tamborrell, precisó que la iniciativa incorpora facultades legales para recabar evidencias mediante tecnología geoespacial y vuelos de vehículos no tripulados. Estas herramientas técnicas sustentarán jurídicamente el inicio de los procedimientos de infracción administrativa.
Proceso multipartidista
El diseño de las audiencias opera bajo el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Durante el desarrollo de las primeras mesas de trabajo, el diputado del PRI, Noel Chávez Velázquez, enfatizó la necesidad operativa de integrar las aportaciones de sectores académicos, organizaciones civiles e industria en la redacción final del documento.
Representantes de las comisiones de medio ambiente de la Cámara Baja y el Senado coincidieron en el diagnóstico del rediseño legal. Legisladores de diversas fracciones parlamentarias avalaron la incorporación legal del enfoque de economía circular y la creación de comités locales de observación ambiental como mecanismo de supervisión territorial.
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