Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados rechazaron este martes el «Plan B» de reforma electoral propuesto por el Ejecutivo Federal, bajo el argumento de que la iniciativa prioriza el ahorro presupuestal por encima de la seguridad institucional. La bancada opositora señaló que la reducción de costos en ayuntamientos y congresos locales es secundaria frente a la necesidad de blindar los procesos electorales de la intervención del crimen organizado.
El diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez afirmó que el diagnóstico de la presidencia sobre el sistema electoral es incompleto al enfocarse predominantemente en la austeridad. Según el legislador, la estructura política actual requiere mecanismos de fiscalización que impidan el flujo de recursos ilícitos hacia las campañas, particularmente en los niveles de gobierno local donde la vulnerabilidad es mayor.
Prioridad en seguridad sobre gasto público
Sánchez Rodríguez enfatizó que la reducción del número de regidores y los topes salariales no resuelven la problemática de violencia que afecta a diversas regiones del país. En este sentido, hizo referencia al reciente homicidio de Carlos Manzo y a la situación de seguridad en entidades como Michoacán y Sinaloa como ejemplos de la urgencia de fortalecer la vigilancia sobre los actores políticos, más allá de la optimización de recursos económicos.
Por su parte, el diputado Federico Döring Casar lamentó la falta de «candados» en la legislación secundaria para prevenir acuerdos entre candidatos y grupos delictivos. El legislador sostuvo que el costo social de comprometer la autonomía municipal ante intereses criminales supera cualquier ahorro proyectado por la administración federal en materia de gasto administrativo o dietas legislativas.
Antecedentes y postura parlamentaria
La fracción parlamentaria del PAN recordó que su rechazo previo a la reforma constitucional se debió a la omisión de medidas punitivas y preventivas contra el financiamiento paralelo. Los legisladores argumentaron que cualquier modificación a las leyes electorales debe basarse en el combate a lo que denominaron «acuerdos electorales» con el crimen, punto que consideran ausente en la propuesta enviada al Congreso.
Con la llegada del documento al Senado de la República, se espera que el bloque opositor busque integrar reservas relacionadas con la fiscalización preventiva y la protección de candidatos. La discusión legislativa iniciará formalmente en comisiones, donde se analizarán las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en un contexto de creciente exigencia por garantías de seguridad en los procesos locales.
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