El mercado ilícito de combustibles en México, que abarca desde el robo a ductos hasta el contrabando transfronterizo, se ha consolidado como una economía criminal con un valor estimado de hasta 400 mil millones de pesos anuales. Así lo advirtió el diputado federal Marcelo Torres Cofiño, quien señaló que esta cifra equivale a la totalidad del presupuesto anual destinado al sector salud a nivel federal.
De acuerdo con el legislador, el fenómeno ha trascendido la extracción física de hidrocarburos para integrarse en esquemas financieros complejos conocidos como «huachicol fiscal». Esta modalidad consiste en la importación irregular de combustibles para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Impacto en las finanzas públicas
Informes del sector energético y fiscal indican que, tan solo durante el ejercicio 2025, el robo y contrabando de energéticos provocó un déficit de 123 mil millones de pesos en las arcas del Estado. Torres Cofiño enfatizó que estos recursos, en lugar de destinarse a infraestructura o seguridad, terminan fortaleciendo la estructura operativa de grupos delictivos.
«Estamos hablando de recursos que deberían financiar hospitales y carreteras, pero que hoy alimentan redes criminales», subrayó el diputado. Cálculos técnicos sugieren que las pérdidas por evasión fiscal en aduanas podrían superar los 9 mil millones de dólares anuales, lo que representa más de 150 mil millones de pesos adicionales al boquete financiero tradicional.
Nexo entre combustible y violencia
El análisis legislativo vincula directamente el crecimiento de este mercado negro con el incremento de la violencia en diversas regiones del país. Investigaciones internacionales señalan que el control de los combustibles permite a los grupos organizados ejercer un dominio territorial efectivo, derivando en disputas por rutas de transporte y mercados clandestinos.
Torres Cofiño advirtió que un negocio de esta magnitud no podría sostenerse sin redes de protección y omisiones institucionales. La acumulación de capital por parte de estas organizaciones les otorga una capacidad de fuego y movilización que supera, en términos presupuestales, el gasto operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Propuestas de fiscalización
Para contrarrestar esta tendencia, el legislador propuso una estrategia integral que vaya más allá de la vigilancia física de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). La ruta técnica sugerida incluye el fortalecimiento de la inteligencia financiera para desmantelar las redes de lavado de dinero asociadas al contrabando.
Asimismo, se planteó la necesidad de implementar un monitoreo tecnológico permanente y una trazabilidad absoluta de los combustibles importados. «Combatir el huachicol no es un discurso: es una obligación del Estado mexicano», concluyó el diputado, instando a las autoridades federales a endurecer los controles en las aduanas para frenar la sangría de recursos públicos.
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