Las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados prevén remitir al Pleno el dictamen de la reforma electoral el próximo miércoles 11 de marzo. El diputado Víctor Hugo Lobo Román informó que los integrantes de las comisiones tienen un plazo de cinco días para enviar observaciones al estudio primario, con el fin de realizar una discusión plena el martes por la tarde y agilizar el trámite legislativo hacia la sesión ordinaria del día siguiente.
El legislador precisó que la ruta crítica establece la publicación del documento en la Gaceta Parlamentaria tras su aprobación en comisiones, permitiendo que la discusión frontal ante la ciudadanía inicie de inmediato. Según el diputado, el proyecto busca robustecer las instituciones y los mecanismos de fiscalización, aunque reconoció que el objetivo es obligar a las fuerzas políticas a definir su postura pública sobre la propuesta enviada por el Ejecutivo.
Exclusión de propuestas ciudadanas
En un movimiento estratégico, la dictaminación dejará fuera las iniciativas presentadas por organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la propuesta de «Salvemos la Democracia», que era la única que cumplía con los requisitos institucionales. Lobo Román argumentó que se tomó la decisión de «no contaminar» el dictamen con planteamientos externos para evitar que la oposición utilice estas adiciones como argumento para rechazar la reforma integral.
«Queremos evitar que algunos partidos vayan a decir: ‘podríamos haber ido con la de la presidenta, pero como le agregaron más cosas, ya no vamos'», señaló el legislador. Con esta medida, el debate se reducirá exclusivamente al texto remitido por la Presidencia de la República, cerrando el margen de negociación técnica sobre las coincidencias que existían con las propuestas de origen ciudadano.
Previsión de leyes secundarias
Ante la posibilidad de que la reforma constitucional no alcance la mayoría calificada en el Pleno, el diputado adelantó que el bloque oficialista ya contempla la activación de un denominado «Plan B». Este mecanismo consistiría en el envío de propuestas para modificar leyes secundarias, las cuales serían turnadas a las comisiones correspondientes para detallar los cambios operativos sin requerir la modificación de la Carta Magna.
El proceso legislativo actual se mantiene bajo la supervisión de la Comisión de Puntos Constitucionales, que atenderá el resto de las iniciativas que lleguen al Congreso. Por ahora, la prioridad de la mayoría parlamentaria es agotar la vía constitucional la próxima semana, manteniendo la presión sobre las bancadas opositoras para que fijen una postura definitiva en el salón de plenos.
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