Previo a que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados convoquen a sesión formal, comenzó a circular entre legisladores y prensa un presunto proyecto de dictamen de la reforma electoral.
El documento detalla las modificaciones constitucionales propuestas para reestructurar el sistema político mexicano, circulando en los pasillos del recinto legislativo pese a que las bancadas de oposición han solicitado reiteradamente un análisis técnico exhaustivo en parlamento abierto antes de su dictaminación.
Entre los planteamientos centrales del texto destaca la reconfiguración del Congreso de la Unión. Se propone reducir el Senado de la República de 128 a 96 escaños, mediante la eliminación total de la lista nacional de representación proporcional.
Para la integración de la Cámara baja, el borrador mantiene los 500 legisladores, pero modifica la asignación de las 200 diputaciones plurinominales. La mitad de estos espacios se otorgaría a los candidatos con mejores porcentajes de votación que no ganaron su distrito, mientras que los 100 restantes se elegirían mediante listas en cinco circunscripciones regionales.
Controles financieros y tecnológicos
En materia económica, el texto establece una reducción al financiamiento ordinario de los partidos políticos, ajustando la fórmula de cálculo constitucional al 48.75% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Paralelamente, instaura un modelo de fiscalización en tiempo real con reportes diarios del sistema financiero al Instituto Nacional Electoral (INE).
El proyecto introduce también normativas inéditas para el entorno digital, obligando a etiquetar cualquier propaganda político-electoral generada o modificada mediante inteligencia artificial. Asimismo, incluye un artículo transitorio que ordena a las autoridades electorales locales y federales ajustar sus tabuladores para no superar la remuneración presidencial a partir del ejercicio fiscal 2027.
Se espera que en los próximos días las juntas directivas de las comisiones involucradas emitan una convocatoria oficial para confirmar la validez del documento y definir la ruta crítica para su eventual discusión legislativa.
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