El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este viernes, con 415 votos a favor, diversas reformas al Código Penal Federal diseñadas para tipificar y sancionar las redes de cooptación infantil operadas por el crimen organizado en territorio nacional.
El dictamen modifica el artículo 201 de la legislación penal para castigar a quienes, mediante engaño, extorsión o violencia, obliguen a personas a colaborar con grupos delictivos, buscando cerrar un vacío jurídico histórico en el sistema de justicia penal.
Las modificaciones establecen penas base de 15 a 30 años de prisión, condena que se duplicará si la víctima es menor de edad. Asimismo, se fijan hasta 60 años de cárcel para quienes participen, financien, administren o dirijan centros de reclutamiento y entrenamiento criminal.
Dimensiones de la crisis
La justificación técnica del proyecto expone que la ausencia de una figura penal autónoma representaba una grave omisión institucional. De acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano citados en el recinto, actualmente entre 140 mil y 250 mil niños y adolescentes se encuentran en situación de vulnerabilidad ante estas prácticas.
Los promotores de la iniciativa, los legisladores priistas Miguel Alonso Reyes y Rubén Moreira, expusieron que anualmente las estructuras delictivas reclutan entre 35 mil y 45 mil menores de edad, aprovechando la pasividad institucional y la falta de oportunidades en diversas regiones.
Alonso Reyes advirtió desde la tribuna que las estadísticas reflejan la realidad de familias fracturadas y un escenario de impunidad. Por su parte, el coordinador parlamentario catalogó este fenómeno como propio de zonas con dinámicas de conflicto armado, evidenciando una falla en la garantía de derechos de la niñez.
Tras su aprobación unánime en el recinto de San Lázaro, el proyecto legislativo será turnado al Senado de la República para su revisión, discusión y eventual entrada en vigor.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.