El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco inició este jueves 5 de marzo nuevas excavaciones en las inmediaciones del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, al cumplirse el primer aniversario del hallazgo de este predio utilizado como centro de reclutamiento forzado y exterminio. Los activistas denunciaron el abandono del sitio por parte de las autoridades y la persistencia de desapariciones vinculadas a esta modalidad delictiva en la zona.
A un año de que se localizaran más de mil 300 objetos personales, como calzado y mochilas, los familiares señalan que pocos han logrado identificar pertenencias de sus desaparecidos. Indira Navarro, representante del colectivo, cuestionó las cifras oficiales que reportan un avance del 64.4% en las investigaciones, calificándolas de ilógicas frente a la escasa recuperación de restos óseos y exhumaciones realizadas.
Hallazgos y omisión gubernamental
Los buscadores sostienen que el rancho funcionaba como un campo de entrenamiento y un lugar de eliminación de evidencias, donde se utilizaban químicos o incineración. Durante las labores actuales, los activistas reportaron el hallazgo de fragmentos óseos, resortes de ropa interior y calcetines, así como botes que presuntamente fueron usados para trasladar restos calcinados.
«A veces sacaban los restos humanos calcinados en botes y los tiraban. Casualmente, hemos encontrado infinidad de este tipo de botes», declaró Navarro. A pesar de que el sitio cuenta con una discreta vigilancia militar este día, el colectivo asegura que la denuncia inicial solo generó un impacto mediático sin resolver la omisión gubernamental que permite la operación de otros centros similares.
Investigaciones y nexos con autoridades
Hasta la fecha, el caso registra 10 personas sentenciadas por desaparición cometida por particulares y homicidio. Sin embargo, la red de complicidad señalada por el colectivo alcanza niveles institucionales. Entre los implicados se encuentran tres policías capturados y el presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión, quien permanece bajo investigación por presunta complicidad con la delincuencia organizada.
Los operadores identificados de esta red de reclutamiento son José Gregorio, alias “Lasta”, y su pareja Alma Rosa, conocida como “Leona”. Navarro enfatizó que los testimonios de las familias coinciden en que elementos de las policías municipales han participado directamente en la privación de la libertad de los jóvenes para entregarlos a estos centros de adiestramiento delictivo.
Persistencia del reclutamiento forzado
El colectivo advirtió que el cierre del Rancho Izaguirre no ha detenido la problemática, pues se tiene conocimiento de la existencia de otros predios, como el Rancho De la Vega, donde se presume el uso de químicos para la disolución de cuerpos. Ante este panorama, los Guerreros Buscadores de Jalisco anunciaron que mantendrán las excavaciones de forma independiente frente a la falta de prevención y apoyo de las fiscalías estatal y federal.
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