El diputado federal Rubén Moreira Valdez exigió al Gobierno Federal la implementación inmediata de una tregua fiscal y administrativa para los negocios afectados por la jornada de violencia del pasado 22 de febrero en 20 estados del país. El legislador priista advirtió que las víctimas de despojos, quemas y bloqueos enfrentan una «segunda batalla» ante la burocracia y la posible reclasificación de siniestros por parte de las aseguradoras.
La propuesta, presentada mediante un Punto de Acuerdo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, insta al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al IMSS y al ISSSTE a suspender temporalmente el cobro de contribuciones. Según Moreira, sin prórrogas en las obligaciones de seguridad social y fiscal, la supervivencia de las micro y pequeñas empresas atrapadas en la espiral de violencia será inviable.
Blindaje ante aseguradoras y fiscalías
El exgobernador de Coahuila hizo un llamado enérgico a la Condusef y a los supervisores del sector asegurador para evitar interpretaciones restrictivas que perjudiquen a los usuarios. Señaló que las reclamaciones deben resolverse conforme a derecho, impidiendo que tecnicismos legales favorezcan a las instituciones financieras sobre el patrimonio de los ciudadanos que sufrieron la toma ilegal de sus bienes.
Asimismo, Moreira Valdez solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las 20 fiscalías estatales agilizar las investigaciones y la entrega de documentación oficial. Recordó que, sin estos documentos, los afectados se encuentran imposibilitados para sustentar legalmente sus reclamaciones ante las empresas de seguros, quedando en un estado de indefensión jurídica.
Responsabilidad del Estado tras operativos
El congresista subrayó que el Estado mexicano no debe limitarse a celebrar golpes estratégicos contra el crimen organizado, como el operativo realizado en Jalisco, sin asumir las consecuencias sociales derivadas. Afirmó que la seguridad pública también debe evaluarse por la capacidad institucional de proteger la estabilidad económica de las familias que no provocaron la crisis.
Finalmente, el legislador destacó que ante la excepcionalidad del fenómeno, reconocida incluso por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la respuesta gubernamental debe ser igualmente extraordinaria. La iniciativa busca garantizar que ninguna familia quede desprotegida tras haber perdido su patrimonio en actos delictivos que superaron la capacidad de respuesta preventiva de las autoridades locales y federales.
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