La Cámara de Senadores emitió este martes la Declaratoria de Constitucionalidad de la reforma al artículo 123 constitucional, la cual reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El anuncio formal se realizó tras computar el voto aprobatorio de 23 congresos locales, cumpliendo con el requisito de validez del Constituyente Permanente para elevar la minuta al rango de norma constitucional vigente.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, dio lectura al cómputo de votos estatales, entre los que destacan entidades como el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco y la Ciudad de México. Una vez realizada la declaratoria, el Senado instruyó la remisión del decreto al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), programada para este miércoles.
Calendario de implementación progresiva
El aspecto central de la declaratoria es la ratificación de un esquema de gradualidad diseñado para la adaptación de los sectores productivos. Aunque la reforma se publica en 2025, el tope de 48 horas se mantendrá durante todo 2026. La reducción efectiva comenzará en 2027 con una jornada de 46 horas, disminuyendo dos horas adicionales cada año hasta alcanzar la meta de 40 horas en 2030.
Esta transición escalonada busca amortiguar el impacto en los costos de operación de las medianas y pequeñas empresas. El texto constitucional especifica que, por cada seis días de trabajo, las personas deberán contar con al menos un día de descanso con goce de salario íntegro, manteniendo la protección de los ingresos de la clase trabajadora durante el proceso de ajuste.
Regulación de tiempo extraordinario
La reforma también introduce modificaciones técnicas al manejo de las horas extraordinarias. El nuevo marco legal dispone que cualquier aumento de la jornada por circunstancias excepcionales deberá pagarse con un 100% adicional al salario ordinario. Además, se establece un límite estricto de 12 horas extra semanales, prohibiendo que excedan las cuatro horas diarias en un máximo de cuatro días.
Analistas institucionales señalan que la declaratoria concluye un proceso legislativo que permaneció en pausa y cuya viabilidad técnica dependió de la negociación de los plazos de aplicación. Con la publicación en el DOF, los congresos estatales y el Congreso de la Unión deberán iniciar la armonización de las leyes secundarias para garantizar que el calendario de reducción bianual se cumpla sin afectar la productividad nacional.
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