Legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) demandaron este lunes un fortalecimiento en las estrategias de control fronterizo para detener el tráfico de armas proveniente de Estados Unidos. El bloque parlamentario argumentó que el 78% del armamento asegurado en territorio nacional tiene su origen en el mercado estadounidense, lo que constituye un factor determinante en la actual incidencia delictiva del país.
El diputado Jesús Valdés Peña precisó que en el 70% de los delitos cometidos en México se registra el uso de armas de fuego. Esta estadística, sumada al tráfico de estupefacientes, ha generado un impacto directo en la seguridad de las comunidades, especialmente tras operativos recientes en entidades como Jalisco, donde se decomisó equipo de alto calibre de procedencia extranjera.
Marco jurídico internacional
La bancada resaltó la trascendencia de la opinión consultiva que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo 5 de marzo. Este dictamen jurídico busca determinar las obligaciones de los Estados y la responsabilidad de las empresas privadas frente a los abusos a los derechos humanos que facilitan sus actividades comerciales de exportación y venta de armas.
El seguimiento institucional de esta demanda, iniciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo una estrategia de litigio en tribunales estadounidenses, busca responsabilizar a fabricantes por prácticas negligentes. La diputada María Rosete subrayó que estas operaciones comerciales benefician a la industria armamentista mientras vulneran la soberanía y la seguridad de las familias mexicanas.
Reformas al sistema de seguridad
Ante este panorama, la diputada Selene Ávila Flores informó sobre la preparación de modificaciones legales en materia de seguridad nacional y políticas públicas. El objetivo de este nuevo diseño normativo en el Congreso de la Unión es robustecer la lucha contra el tráfico ilegal y dotar de mayores herramientas de fiscalización a las instituciones en los puntos de entrada al país.
Analistas señalan que la efectividad de estas exigencias dependerá de la capacidad de negociación en la agenda bilateral con Washington. Si bien el Poder Legislativo busca actualizar el marco legal interno, la resolución de la CIDH será el eje técnico que defina las futuras acciones de México en instancias internacionales para reducir el flujo de armas hacia los grupos delictivos.
El llamado de la fracción mayoritaria también exhortó a los diversos grupos parlamentarios a sumarse a la vigilancia de este proceso. Se prevé que la resolución del próximo jueves siente un precedente legal para la protección de las comunidades afectadas, vinculando la prevención del tráfico con la justicia restaurativa y el control de suministros bélicos en la región.
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